"One Europe"

En la fotografía del Consejo de Copenhague, 60 personas se asoman a la historia delante de un enorme cartel con el lema "One Europe" en inglés, sólo en inglés. Están las instituciones de la Unión -presi-dente del Parlamento Europeo, presidente de la Comisión y alto representante de la Política Exterior-. Están los representantes -jefes de Estado y/o de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores- de los 15 miembros actuales y de los 10 que se unirán a partir del 1 de mayo de 2004 (Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta). También están los representantes de Rumania y de Bulgaria. Por fin, está Turquía.

En la Declaración suscrita por los 15 actuales miembros y los 10 recién llegados se establece la naturaleza irreversible del proceso que la fotografía simboliza. El Consejo histórico de la unificación de Europa, del fin de Yalta, es también la apuesta por una Europa que va más allá de los sueños de Madariaga cuando glosaba la europeidad a través de la arquitectura de las ciudades. Es la superación de la Historia del siglo XX y una ambiciosa visión para el siglo XXI.

Así pues, ¿cuál es la esencia de este proyecto? Las señas de identidad de la construcción Europea, que plasma nuestra fotografía, son valores y su traducción jurídica: el respeto de los derechos humanos, la democracia, el imperio de la ley, la economía de mercado, el laicismo del Estado. Sin lugar a dudas, estos principios hunden sus raíces en la antigüedad clásica greco-romana, en la tradición judeo-cristiana, en el Renacimiento y en la Ilustración. Pero hoy -desde esta fotografía- se proclaman ante el mundo en una nueva independencia incluyente, que pretende desmentir la teoría huntingtoniana del choque de civilizaciones. Esto es, frente a quienes declinan democracia con religión y derechos humanos con cultura, y propugnan en distintas partes del mundo "democracias religiosas" y la relatividad de los derechos humanos que han de conciliarse con imperativos culturales, la Unión Europea asume la tarea de llevar a la práctica la universalidad de los valores que compartimos. La ciudadanía europea se define en Derecho, desde el Derecho como plasmación de valores.

El proyecto europeo nunca ha tenido una identificación geográfico-cultural. Esta indefinición que se justifica en el tratado fundacional porque cualquier delimitación en este ámbito chocaba con el desgarro profundo simbolizado por el muro de Berlín, adquiere a partir de la reforma de Maastricht un carácter cautelar ante procesos políticos que todavía, a principios de los noventa, plantean no pocos interrogantes. Hoy no existe compromiso de adhesión o preadhesión fuera de la fotografía de Copenhague y esta indeterminación ha de conjugarse, al menos en el futuro próximo, en un haz de relaciones de vecindad que también se apunta en las conclusiones aprobadas por el Consejo. La Unión Europea "decidida a evitar nuevas líneas divisorias y a promover la estabilidad y prosperidad dentro de sus nuevas fronteras y más allá de ellas", debe prestar una especial atención a sus relaciones de frontera.

Cobra así una nueva dimensión el proceso de estabilización y asociación en los Balcanes. Las relaciones con Rusia ganarán en complejidad y profundidad. Y, desde su propia especificidad, lo mismo cabe decir de los demás países que comparten nuestra frontera al Este (Ucrania, Bielorrusia y Moldavia). Por fin, para mantener un proceso de integración armónico en la Unión Europea, es preciso que el desplazamiento del centro de gravedad al Norte y al Este no merme nuestra atención a la ribera sur del Mediterráneo.

Esta fotografía es, sin embargo, también la plasmación del gran principio sobre el que se ha ido construyendo Europa: la defensa de los intereses particulares de cada Estado miembro se conjuga con el interés general que traduce el principio de solidaridad. En un Consejo que se quería centrado -concentrado- en la ampliación, en el que la Presidencia danesa había rechazado por principio cualquier asunto que distrajera la atención de esta cuestión fundamental, irrumpió lo imprevisible. Porque la Unión se legitima también -si no principal-mente- por su eficacia en solucionar los problemas de sus ciudadanos a través de la adopción de medidas y la puesta en común de recursos que arbitra el triángulo institucional Consejo-Comisión-Parlamento. Y aunque en el guión previo del Consejo estaba prevista la escenificación de este proceso a través de la culminación de las negociaciones de ampliación, el drama humano, ecológico y económico del Prestige amplió esta dimensión de solidaridad. Porque el clamor de la ciudadanía europea, no sólo en España, ha puesto de manifiesto que las circunstancias que afligen a Galicia en estos momentos y amenazan el resto de las costas europeas del Atlántico y del golfo de Vizcaya, pueden, en última instancia, poner en tela de juicio el proyecto de la Unión en su integridad. Por todo ello, el "nunca más" solidario se tradujo en la ratificación por los jefes de Estado y de Gobierno de las conclusiones del Consejo de Transportes del 6 de diciembre de 2002 y de Medio Ambiente de 9 de diciembre que a su vez recogieron las iniciativas demandadas por el presidente Aznar en su carta al presidente de la Comisión y a la Presidencia danesa de fecha 21 de noviembre. Rotundamente se afirma que "la Unión está decidida a adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de catástrofes similares".

También cristaliza en el Consejo de Copenhague la conciencia de que, para no perder credibilidad respecto de sus propios ciudadanos y en el mundo, Europa tiene que abanderar el cambio del Derecho Marítimo internacional y la lucha contra los nuevos piratas del mar. El principio de "libertad de los mares" debe ceder ante la protección del medio ambiente y la propia seguridad del transporte marítimo; la responsabilidad, tanto civil como penal, debe abarcar a toda la cadena de sujetos que participan directa o indirectamente en estas actividades que la sociedad censura: desde el armador al asegurador, pasando por el propietario de la carga.

El impulso político de la cumbre se concretó además en el más amplio respaldo a la Comisión para movilizar, con la máxima flexibilidad, todos los instrumentos financieros que el Derecho Comunitario arbitra, incluyendo medidas adicionales específicas, con el único límite del respeto de las perspectivas financieras vigentes. El tenor de las conclusio-

nes tiene en cuenta las especiales circunstancias de la catástrofe: el evento dañoso no ha terminado y todavía hoy no es posible cuantificar el monto de las reparaciones debidas y la restauración de las zonas afectadas. Entre las iniciativas que en su intervención, respaldada por todos los presentes, el presidente Prodi fue enumerando minuciosa y exhaustivamente, destaca la habilitación de recursos extraordinarios y la disposición de otras cantidades que aun nominalmente incluidas en líneas presupuestarias existentes, en la práctica hubieran quedado sin aplicación, sin gastar, que habría que haber "devuelto" a la Unión.

El lema "One Europe", sólo en inglés, requiere una reflexión. Aunque Copenhague no abordó la cuestión de las lenguas, es ésta una de las asignaturas pendientes que más pronto que tarde habrá de debatirse para la propia pervivencia y viabilidad de este proyecto de Europa volcada al mundo. En él, el español, lengua oficial de Naciones Unidas, hablada por más de 400 millones de personas y en más de 20 países, deberá ocupar el lugar que le corresponde.

Por fin, en nuestra fotografía hay una ausencia, la del presidente de la Convención. Porque el cañamazo de esta ambiciosa Unión Europea está hoy en el telar de ese proceso revolucionario del Derecho Internacional Público, de cuyos trabajos el Consejo tomó razón constatando que el balance provisional presenta ya éxitos concretos, desde la aceptación general de la idea de Constitución a la incorporación con fuerza jurídica vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales al futuro tratado que será -ya podemos afirmarlo- uno, más simple, más próximo al ciudadano. Porque nadie duda ya del éxito y la trascendencia de la Convención que presentará el marco jurídico institucional de ese compromiso de los europeos con el siglo XXI, de esa "One Europe" que nace en Copenhague.

Ana Palacio es ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español.