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Editorial:

Urnas trucadas en Guinea

Las elecciones presidenciales que se celebran hoy en Guinea Ecuatorial han sido convocadas en abierta violación de la legalidad guineana, según la cual no hubieran podido tener lugar antes del mes de febrero próximo. El adelanto no es inocente: Teodoro Obiang y su Gobierno han querido coger por sorpresa a una oposición democrática que carece de medios y de libertad para transmitir sus propuestas y mensajes. Y también a la comunidad internacional, cuya preocupación por la situación política interna ha aumentado después del macrojuicio del cine Marfil contra un heterogéneo grupo de opositores, acusados de connivencia para organizar un supuesto golpe de Estado.

Malabo ha hecho oídos sordos a las denuncias de los candidatos de la oposición sobre las condiciones en que se ven obligados a hacer campaña: desde impedimentos a su libre circulación hasta intentos de sabotaje de actos electorales. Junto a ello, los medios públicos de comunicación han redoblado las informaciones favorables al régimen, limitando la aparición de la oposición a exiguos espacios semanales. A ello hay que sumar la beligerante labor de la única radio privada, propiedad de un familiar directo del presidente. Ni la Unión Europea ni los partidos españoles han tenido ocasión, precisamente por el adelanto de la convocatoria, de enviar observadores.

El régimen está convencido de que la convocatoria por sorpresa limitará las denuncias de la comunidad internacional, que una vez más se resignará ante las situaciones de hecho, presentadas por Obiang como pasos hacia una transición democrática. Ocurre, sin embargo, que si algo ha quedado claro en estos días es que en Guinea Ecuatorial existe una oposición con arraigo entre la población. Y mientras el líder de esa oposición, Plácido Micó, siga encarcelado en virtud de la farsa del cine Marfil, planeará una sombra que Obiang no podrá disipar sobre los resultados de éstas o de cualesquiera otras elecciones. En lugar de persistir en una inútil actitud de apaciguamiento, el Gobierno español haría bien en recordárselo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de diciembre de 2002