Los socialistas afirman que la Administración sólo ha favorecido a las grandes empresas

Una docena de cajas, entregadas el pasado 19 de noviembre ante la fiscalía por la concejal socialista Matilde Fernández, contiene los documentos en los que se apoya el PSOE para acusar a las administraciones local y regional de "malversación de fondos públicos, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente". Los nuevos barrios del norte (sobre todo Las Tablas y Montecarmelo), la Operación Chamartín y la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid han servido al PP, según los socialistas, para favorecer los intereses de las grandes empresas.

Éstas son las principales y supuestas irregularidades recogidas en la denuncia del PSOE:

- Malversación de fondos públicos. El Ayuntamiento firmó con los propietarios de suelo de Las Tablas un convenio de gestión del nuevo barrio y se comprometió a financiar diversas actuaciones -entre ellas, el soterramiento de líneas eléctricas y el realojo de familias okupas- que, según la normativa, "corresponde sufragar a los propietarios de terrenos". El interventor municipal denunció esta ilegalidad en un primer informe; en un segundo, al día siguiente, precisó que la ilegalidad se produciría sólo cuando el Ayuntamiento ejecutase el pago, cosa que ocurrió el 25 de julio de este año: el pleno municipal aprobó un gasto de 20 millones de euros para soterrar líneas eléctricas. Entonces, el interventor firmó un tercer informe y declaró que tal pago "sólo puede justificarse si se considera una subvención a la compañía Iberdrola". El PSOE cree que "se dan todos los elementos para tipificar la conducta prevaricadora con resultado de malversación de caudales públicos".

- Trato de favor a Telefónica a costa del patrimonio municipal. En 1997 Telefónica manifestó su interés en construir su nueva sede sobre 170.000 metros cuadrados del barrio de Las Tablas. El Ayuntamiento, con el argumento de que la operación generaría mucho empleo, decidió dar a la compañía el 10% de suelo que el Consistorio se reserva en cada nuevo barrio, a cambio de 6.274 millones de pesetas. A día de hoy no hay nada construido, y Telefónica "ha anunciado la venta de esta parcela", por la que seguramente, dice el PSOE, obtendrá más dinero del que se comprometió a pagar al Ayuntamiento. Además, "no hay constancia" de que el Consistorio haya cobrado por aquella cesión. Los socialistas temen que el PP haya contribuido a "enjugar las deudas de Telefónica con patrimonio municipal".

- Falta de control ante el fraude. El panorama que pinta el PSOE al describir los nuevos barrios de Montecarmelo y Las Tablas es desolador: "Suelo retenido, concentración monopolista del suelo en las constructoras, venta fraudulenta de viviendas, escandaloso aumento del precio de los pisos, viviendas de protección oficial que se venden por encima del precio permitido...". Un caos urbanístico alimentado por la "inactividad de las administraciones municipal y autonómica", cuya "dejadez" favorece el retraso en el cumplimiento de los plazos de construcción y, con él, el aumento de la plusvalía de los propietarios.

- Operación Chamartín. La ampliación en casi tres kilómetros hacia el norte del paseo de la Castellana, la llamada Operación Chamartín, es, según el PSOE, "el gran asunto en el que Madrid se juega su futuro, la mayor operación urbana de Europa y quizás del mundo". Pero también "una escandalosa operación especulativa" en la que el PP ha atendido más a "los intereses privados" que a las necesidades de la ciudad. Los socialistas denuncian que la presión de la empresa Duch, a quien se adjudicó el aprovechamiento de los terrenos de Renfe, consiguió una modificación de la Ley del Suelo vigente para aumentar en casi el doble la edificabilidad en la zona e incluir como "aprovechables" los suelos calificados como "sistemas generales" (vías del tren, estación...). Por otra parte, al calificar ya el suelo como "urbano" y no como "urbanizable", se eliminó la obligación de reservar una parte para vivienda de precio protegido.

- Recalificación de la Ciudad Deportiva. La denuncia presentada por la edil socialista Matilde Fernández ante la fiscalía sostiene que la recalificación de los terrenos del Real Madrid en la Castellana -por la que el club obtendrá, según el PSOE, una plusvalía de unos 100.000 millones de pesetas- no era necesaria, y que sólo se hizo para "enjugar la deuda del Real Madrid". Ese suelo, que el Ayuntamiento recalificó como urbanizable, "ni es un enclave estratégico para la Operación Chamartín [en la que se enclava] ni era necesario para el equipamiento olímpico", según los socialistas, que basan su afirmación en estudios posteriores del Ayuntamiento. Así, el gobierno local habría cometido "prevaricación, malversación y fraude" para favorecer al Real Madrid.

- Reducción del segundo pulmón verde de Madrid. La recalificación de la Ciudad Deportiva tiene un segundo capítulo en la denuncia del PSOE. Las nuevas instalaciones del Real Madrid se van a construir en el futuro barrio de Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria. Para ello, según los socialistas, el pleno municipal madrileño tuvo que aprobar este año una modificación del planeamiento de dicho barrio, "que responde en su integridad" al diseño que había hecho tres años antes el club, cuando prometió la nueva Ciudad Deportiva. "El expediente urbanístico se limita a formalizar un pastel cocinado fuera", concluye el PSOE, aunque la propia denuncia admite que "la apariencia de legalidad está respetuosamente cumplida". Además, el cambio en el planeamiento recorta "en un 45%" el proyectado parque de Valdebebas, anunciado a bombo y platillo como el segundo pulmón verde de la capital.

- Delitos contra el medio ambiente. El PSOE sostiene que "todas las modificaciones del Plan General de 1997 denunciadas [ante el fiscal] se han tramitado sin evaluación de impacto ambiental previa", en contra de la normativa, y recuerda que, según el informe que acompañaba al Plan General cuando se aprobó, los nuevos barrios del norte supondrán una "enorme presión urbana sobre espacios naturales protegidos". Los socialistas piden al fiscal que determine si se ha cometido "delito medioambiental" en esta zona.