El PSOE acusa al PP de "prevaricar y malversar fondos" con su política urbanística

El grupo municipal socialista ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia la presunta comisión de "delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, de prevaricación especial y de malversación de caudales públicos" en el desarrollo de los nuevos barrios de Madrid. En estas zonas está prevista la construcción de unas 70.000 viviendas y "varios millones de metros cuadrados de uso terciario y comercial sin ningún control, evaluación ambiental ni plazos de ejecución". Según el PSOE, esto ha permitido que los especuladores campen a sus anchas y el precio del suelo se dispare.

El grupo municipal socialista cree que ha llegado la hora de dejar de protestar por la "falta de ética pública" de los Ejecutivos local y autonómico, del PP, y pasar a denunciar lo que considera "ilícitos penales" en su acción de gobierno. "Las negociaciones prohibidas, el abuso de poder, la malversación del patrimonio municipal de suelo... han constituido", según la denuncia, de fecha 19 de noviembre, "ese plus que el Código Penal exige como determinante ilícito penal, caldo de cultivo del desarrollo urbanístico de la corona norte de Madrid que ha devenido en un crecimiento insostenible de la ciudad, un aumento perverso del precio de la vivienda y, sobre todo, una alarmante sensación generalizada de corrupción impune".

Los socialistas sostienen que la "dejación" de funciones del Ayuntamiento y la Comunidad, "cómplices" de los intereses empresariales, ha desembocado en una situación en la que "los delincuentes urbanísticos campan por sus respetos". "El precio de la vivienda ha aumentado en un 50% en los cinco años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana, el suelo libre está concentrado en muy pocas manos, y los instrumentos de intervención en el mercado del suelo que la ley reserva para la Administración no se utilizan".

Al margen de las denuncias de actuaciones concretas en cada barrio (ver página siguiente), la denuncia, presentada ante la fiscalía por la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Matilde Fernández, apunta a la concentración del terreno urbanizable en manos privadas como causa de todos los males. El "fin especulativo" de las grandes empresas constructoras domina hoy el mercado del suelo: los propietarios "controlan la oferta [de suelo], dosificándola de tal forma que la plusvalía -la diferencia entre el precio de compra y el de venta- sea la mayor posible y repercuta en el precio final de la vivienda", señalan los socialistas. "Ahí esta el gran negocio y el principal problema".

Y, ante este proceso especulativo de las empresas, la falta de control público, cuando no directamente la "complicidad" con ellas, agrava la situación y favorece el "pelotazo millonario". El PSOE recuerda que, en 1995, el todavía presidente regional, Joaquín Leguina, firmó un convenio con el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, para establecer las condiciones de desarrollo de los nuevos barrios. Ese convenio fijaba un máximo de 37.000 pisos a construir -con el fin de dejar espacio a la creación de un anillo verde- y obligaba a gestionar los nuevos desarrollos por el procedimiento del consorcio: la Administración expropia el suelo y luego lo vende a los constructores, imponiéndoles condiciones y plazos e impidiendo (o mitigando) así la especulación con el suelo.

Pero Leguina perdió las elecciones aquel mismo año, y su sucesor, Alberto Ruiz-Gallardón, modificó el convenio, para alegría del alcalde, según afirma el PSOE. Ambas administraciones aumentaron el número de viviendas hasta casi 70.000, renunciaron al consorcio y adoptaron la fórmula de la junta de compensación, que deja en manos privadas todo el proceso y sólo obliga a los propietarios a reservar al menos la mitad de las viviendas para familias de rentas bajas.

Además, fue recalificado como urbanizable el suelo reservado por los socialistas al anillo verde. "Esa recalificación ha supuesto una plusvalía [para los propietarios] de casi dos billones de pesetas [12.000 millones de euros]", dice el PSOE.