El PP sevillano rechaza pronunciarse en la votación del avance del PGOU "por falta de tiempo"

Los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla se han manifestado reiteradamente a favor de que la aprobación del documento de avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se llevara a cabo por consenso. Sin embargo, el PP anunció ayer que se abstendrá técnicamente en el pleno del próximo día 26, en el que se debatirá el texto.

Los populares se abstuvieron ya ayer en la Comisión de Dirección y Seguimiento del PGOU, que no obstante dio el visto bueno al avance del plan con los votos a favor de PSOE, PA e IU. Según el portavoz del PP, la abstención de su grupo obedece a que "no hay tiempo material" para presentar alternativas antes de esa fecha. "No entendemos las prisas por aprobar ya el avance", sostuvo Raynaud, quien abogaba porque el debate no se llevara al pleno de diciembre. El delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, aseguró ayer que su intención también era no discutir el avance del PGOU en un pleno ordinario, pero que el calendario festivo de diciembre y enero no han dejado otra opción.

No obstante, el portavoz municipal del PP reiteró su intención de conseguir el máximo consenso posible en la redacción del plan, aunque con la abstención ya anunciada de los populares para la aprobación del avance, el consenso tendrá que reservarse para la aprobación inicial del PGOU, que los grupos pretenden culminar antes de que expire la actual corporación. Raynaud aseguró asimismo que su grupo trabaja ya en varias propuestas que tramitarán una vez que se apruebe el documento de avance.

Por otra parte, Rafael Carmona, arremetió de nuevo ayer contra la decisión de su socio de gobierno de subastar, con un precio de salida de 38 millones de euros, los suelos de las cocheras de la empresa pública de transportes Tussam, ubicados en una de las zonas más caras del mercado inmobiliario de la ciudad.

El delegado de Urbanismo considera que esta medida entra en contradicción con el compromiso que adoptó el gobierno a principios de mandato en torno a no subastar más suelo público a fin de destinar todas las parcelas municipales a viviendas de protección oficial con la intención de "equilibrar" los precios del mercado inmobiliario.