Declarado desierto el concurso para la venta del 50% de la sociedad municipal de cementerios de Málaga
El Ayuntamiento de Málaga declaró ayer desierto el concurso para vender el 49% de las acciones de su empresa de cementerios, Parcemasa, por el que pedía un mínimo de 18,1 millones de euros. La adjudicación se hacía por un período de 34 años, hasta 2036. Sólo se presentaron dos ofertas, pero ninguna cumplía las condiciones.
Funespaña, la empresa concesionaria del cementerio de Madrid, no presentó un aval por 362.000 euros. La otra empresa, SCI, ni siquiera hizo una oferta económica: se limitaba a plantear su interés por este negocio y su disponibilidad a participar en el procedimiento negociado de venta que se puede abrir a partir de ahora. SCI
es una multinacional estadounidense, que vendió en 1998 el 85% de su filial española a Cajamadrid, Banco de Sabadell, Banco Pastor y la constructora Acciona.
Aunque no se llegó a abrir la oferta de Funespaña, del comentario de uno de sus representantes, acerca de una eventual negociación, se deduce que tampoco hacía una oferta por encima de los 18,1 millones de euros.
El Ayuntamiento tiene consignado este dinero en el capítulo de inversiones del presupuesto que ha preparado para el año próximo, pero el alcalde, Francisco de la Torre (PP), afirma que "no se harán cambios, porque podemos mantenerlo como una previsión de ingresos". De la Torre no descarta ninguna posibilidad, pero se inclina por continuar con el intento de venta de este paquete de acciones en un procedimiento negociado, "quizá con una pequeña rebaja del 2% ó el 3%". El concejal Hacienda, Francisco Aguilar, defendió "la alta rentabilidad de esta empresa" y no descartó que el Ayuntamiento siga gestionando el 100% en el futuro. La oposición en su conjunto es partidaria de mantener Parcemasa como una empresa enteramente municipal.
Parcemasa tiene unos ingresos globales de 4,5 millones y un beneficio después de ingresos de unos 700.000 euros. Esta empresa mixta se creó en noviembre de 1986, y en diciembre de 1999 el Ayuntamiento compró al socio privado su 49% por 7,27 millones de euros.
El presidente de Funespaña, Juan Ignacio Rodrigo, fue el asesor del alcalde madrileño en la privatización del 49% de la empresa funeraria de Madrid en 1992, que se realizó por 0,60 euros. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rodrigo de ser el "principal beneficiado" de esta privatización, porque logró 10,1 millones de euros a través de su participación accionarial desde 1993 en la adjudicataria. El fiscal solicita seis años de prisión para Rodrigo y para los tres concejales del Ayuntamiento que participaron en la operación.
