Camps y Pla aparcan las promesas electorales para debatir el papel que debe jugar el Consell

Los candidatos autonómicos del PP y del PSPV, Francisco Camps y Joan Ignasi Pla, respectivamente, han aparcado esta semana la realización de promesas electorales para confrontar su visión sobre el papel institucional que debe tener la Generalitat en un futuro inmediato. La discusión sobre el modelo territorial del Estado y, fundamentalmente, sobre el lugar que debe ocupar la Comunidad Valenciana en España se ha traducido en dos posiciones antagónicas: "democracia autonómica" versus "federalismo cooperativo". Conceptos que revelan cambios en las posiciones de los partidos.

Los candidatos de los dos principales partidos que se disputarán la presidencia de la Generalitat el próximo 25 de mayo mantienen ideas muy diferentes sobre el papel que debe jugar la institución que aspiran a dirigir. El popular Francisco Camps "apuesta decididamente por la democracia autonómica". Un concepto que resume la voluntad del PP por mantener el actual statu quo y centrar sus esfuerzos en perfeccionar el actual funcionamiento del Consell, la Administración y las Cortes Valencianas. Ayer, con motivo del acto de celebración del Día de la Constitución, los presidentes del Gobierno y de la Generalitat fueron mucho más explícitos. José María Aznar se mostró firme partidario de mantener "el bloque constitucional, es decir, la Constitución y los estatutos de autonomía, en los términos que conocemos en estos momentos". José Luis Olivas señaló que con el actual marco institucional la Comunidad Valenciana "ha podido alcanzar el máximo nivel competencial".

La "democracia autonómica" defendida por Francisco Camps supone un cambio en las tesis del PP valenciano, que ahora se enmarcan en la apuesta por la segunda descentralización impulsada por el Gobierno Aznar que aboga por transferir competencias autonómicas a los ayuntamientos. Hasta el XIV congreso nacional del partido, celebrado a finales de enero, los populares valencianos, con Eduardo Zaplana al frente, habían apostado por afrontar la reforma del Estatuto de autonomía, se hallaban predispuestos a hablar de cambiar el funcionamiento del Senado y habían actuado legislativamente para controlar desde la Generalitat el ente metropolitano de Valencia y coordinar determinadas políticas locales, lo que les valió numerosas acusaciones por parte de la oposición de ataques a la autonomía municipal.

Sin embargo, no han sido los populares los únicos que han variado sus posiciones. También los socialistas valencianos han evolucionado su propuesta de modelo territorial coincidiendo con la designación al frente del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y con la consolidación del liderazgo de Joan Ignasi Pla en el PSPV.

Así, tras años de apostar por un desarrollo del marco autonómico que tenía su límite infranqueabre en la capacidad de disolución plena de las Cortes Valencianas por parte del presidente de la Generalitat, el PSPV ha terminado apostando por el "federalismo cooperativo". Una propuesta que, como la del PP, parte de la bondad de la Constitución y del Estatuto de Autonomía; pero que llega a una conclusión bien diferente: para mantener los actuales niveles de desarrollo y convivencia es necesario realizar modificaciones en el actual modelo territorial. En esencia, la propuesta de Joan Ignasi Pla -que coincide de manera importante con las tesis del resto de dirigentes socialistas de los territorios de la antigua Corona de Aragón- aboga por transformar el actual modelo radial de España -"con relaciones bilaterales entre el Gobierno central y los autonómicos aisladamente considerados"- en otro reticular que permita mecanismos de codecisión entre el Gobierno central y los autonómicos cuyo objetivo final sería incrementar la cohesión territorial de España respetando las peculiaridades de sus distintos territorios. Un marco desde el que los socialistas defienden una reforma amplia del Estatuto de Autonomía, apuestan por una reforma del Senado y reivindican una mejor redistribución del gasto por habitante que realiza el Gobierno central, que debería ir acompañada de una mayor corresponsabilidad en las decisiones políticas sobre las grandes infraestructuras.