El Gobierno aprueba una ley que penaliza la especulación con el suelo

El Gobierno regional, del PP, aprobó ayer un anteproyecto de ley para impedir, o paliar, futuras estafas en la venta de viviendas de precio protegido (destinadas a personas con renta baja y, por tanto, más baratas). El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que se trata de dar rango de ley a lo que, hasta ahora, era sólo una normativa. Cuando la ley pase a la Asamblea de Madrid y sea aprobada -el PP cuenta con mayoría absoluta-, los beneficiarios de las viviendas de protección oficial gozarán de derechos que, aunque ya disfrutaban, según Ruiz-Gallardón, ahora podrán reivindicar por ley.

El anteproyecto de la Ley de Régimen Sancionador en materia de viviendas protegidas establece que el suelo dedicado a estos pisos nunca podrá ser objeto de especulación. Es decir, que quienes posean ese suelo no podrán venderlo por encima del máximo legal: un 15% del precio final de la vivienda, también fijado por ley. El objetivo es evitar la situación actual: las compraventas sucesivas del suelo acaban disparando su coste, lo que hace imposible contener después el precio final de los pisos.

Quienes especulen para enriquecerse con este tipo de suelo no sólo estarán obligados a devolver el sobreprecio si son sorprendidos por la Administración, sino que deberán pagar una sanción de hasta 60.000 euros (10 millones de pesetas). También serán multadas las constructoras o promotoras inmobiliarias que pidan a sus clientes por una vivienda protegida más dinero del fijado legalmente (unos 120.000 euros).

Efectos retroactivos

La nueva normativa -aprobada por el Consejo de Gobierno tras estallar el escándalo de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que ha dejado sin casa a 1.200 familias porque vendió todo el suelo y se quedó sin sitio donde cons-truir- tiene efectos retroactivos. Eso significa que quienes hayan cobrado sobreprecios en viviendas protegidas y sean descubiertos estarán obligados a devolver a los compradores ese dinero.

"Dada la gran incidencia del suelo en el precio de las viviendas", explicó ayer el presidente regional, "se tipifica como infracción muy grave la venta y adquisición del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas por un precio superior al coeficiente máximo de repercusión de los terrenos en el precio de éstas [un 15%]". Esta ley, que ahora debe esperar el informe del Consejo Económico y Social, viene a "acomodar el disperso y antiguo régimen sancionador existente", que fijaba la sanción de mayor cuantía en 6.000 euros, añadió Ruiz-Gallardón.

La normativa tipifica también como infracción muy grave la venta, arrendamiento o cesión de viviendas protegidas a personas que no reúnan los requisitos establecidos por ley, así como la existencia de vicios o defectos en la construcción que se detecten hasta pasados tres años y que estén incluidos en la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, informa Efe.