El síndico mayor, desahuciado

El síndico mayor, Marià Nicolàs, fue objeto ayer de un severo e inédito varapalo parlamentario: cuatro grupos de la cámara catalana -todos menos el de CiU, que en mayo le aupó al cargo- le exigieron que dimita "por dignidad", la suya propia y la de la Sindicatura de Cuentas. Pese al desahucio político que sufrió, Nicolàs se negó a dimitir y responsabilizó de la crisis de la institución a sus compañeros "frustrados".

A lo largo de la turbulenta comparecencia parlamentaria, Nicolàs hizo oídos sordos a los discursos que, uno tras otro, reclamaban su marcha. Escuchó impertérrito a todos los grupos parlamentarios y en el turno de réplica sacó pecho y no sólo se negó a renunciar, sino que se permitió amonestar a los diputados y defendió su polémica gestión enchufando el ventilador: achacó la crisis a sus compañeros "frustrados", que "se han inventado mentiras", desvelan a la prensa las interioridades de la institución y "perturban el trabajo".

Sólo Convergència i Unió (CiU) salió en defensa del síndico mayor, aunque admitió que la situación es preocupante. Esquerra Republicana (ERC) pidió la marcha de Nicolàs e hizo extensiva la exigencia de renuncia a los siete síndicos que componen la institución encargada de controlar el gasto de las administraciones públicas catalanas. "Hay que hacer borrón y cuenta nueva", afirmó el diputado independentista Francesc Ferrer i Gironès.

La Sindicatura de Cuentas atraviesa una grave crisis interna desde hace dos años, que se ha acentuado desde que en mayo el Parlament situó a Marià Nicolàs al frente de la institución con los únicos votos de CiU. Éste se vio obligado a comparecer ayer ante la Cámara forzado por la izquierda y el PP, que llevan semanas reclamando su dimisión por considerar que mantiene la institución al ralentí en beneficio del Gobierno catalán. Algunos de los episodios de la crisis -hoy ya superados- son especialmente grotescos, como la falta de dinero para comprar los sellos necesarios para elaborar el informe de Europraxis, empresa vinculada a un hijo de Jordi Pujol, y la gasolina del coche oficial.

Convulsión interna

En la sesión de ayer, la crisis se agravó más si cabe, a pesar de que en el último pleno de la entidad, el pasado martes, Nicolàs dio algunas muestras de distensión: ayer quedó claro que cuatro de los cinco grupos exigen su marcha y el propio síndico mayor atizó la convulsión interna de la institución -que no sólo no negó, sino que ofreció detalles de ella- al señalar como responsables a algunos de sus compañeros.

"Mi dimisión no solucionaría el problema", aseguró Nicolàs, quien señaló que la crisis sólo se resolverá si todos muestran voluntad de entenderse. Previamente, y sin que ninguno de sus compañeros estuviera presente, culpó de la crisis a síndicos despechados porque no fueron elegidos síndico mayor, en referencia a Manuel Barrado, avalado por el PP, y a Montserrat de Vehí, por CiU.

Por si había alguna duda sobre quiénes, a su juicio, son los responsables de la crisis, Marià Nicolàs afirmó: "Los escándalos aparecieron a partir de 1997, sólo hay que ver qué síndicos se nombraron desde entonces". En 2001, cuando el entonces síndico mayor Ferran Termes dimitió, acusó precisamente a Nicolàs, Vela y Barrado de haberle hecho la vida imposible.

Nicolàs también culpó a los dos mismos síndicos de los esperpénticos episodios de los sellos y la gasolina. Ambos forman parte de la comisión de gobierno de la institución, el órgano que debe aprobar los pagos, y el síndico mayor insinuó que bloqueaban sus decisiones. Evitó señalar, no obstante, que el síndico mayor es el encargado de convocar las reuniones de este organismo y que únicamente se han celebrado cinco reuniones en seis meses.

El síndico mayor se permitió amonestar a los diputados por no haberle consultado antes los detalles de la crisis e hizo también varias alusiones críticas al secretario general de la institución, Josep Ramon Dueso, al que quiso destituir cuando tomó posesión del cargo.

Las acusaciones lanzadas por Nicolàs cayeron como una bomba entre el resto de los síndicos, que aguardaban expectantes en los pasillos de la Cámara. La mayoría prefirió guardar silencio, al menos hasta poder leer la transcripción oficial de la sesión.

"Falta a la verdad"

Barrado, uno de los señalados, acusó al síndico mayor de "faltar a la verdad" y subrayó que "no es elegante criticar a personas ausentes". La situación, que era ya muy tensa, se convirtió en un polvorín y Nicolàs decidió suspender el pleno de la sindicatura previsto para el próximo martes, según fuentes de la entidad.

"Con las manifestaciones que ha hecho, mañana [por hoy] la situación será peor que ayer", aseguró el socialista Martí Carnicer, quien consideró que la dimisión de Nicolàs es "condición necesaria" para empezar a resolver la crisis. "Su intervención ha puesto las cosas muy difíciles", señaló José Luis López Bulla, de Iniciativa per Catalunya, quien lamentó la "altanería" del síndico mayor e insinuó que actúa al dictado del Gobierno catalán, lo que Nicolàs negó indignado.

Josep Maria Fabregat, del PP, espetó a Nicolàs: "No tiene el apoyo del Parlament ni de los síndicos, ¡dimita!". Y Francesc Ferrer Gironès, de ERC, pidió también su dimisión, aunque la extendió a todos los demás síndicos para hacer "tabla rasa".

Marià Curto, de CiU, comparó la sesión con un "juicio sumarísimo" y dijo que la crisis no es culpa de Nicolàs, sino que todos los síndicos tienen responsabilidades, y les pidió que "pongan un poco de sentido común". El diputado coincidió con ERC en que "probablemente" la situación pasa por hacer "tabla rasa".

Nicolàs fue elegido síndico mayor en mayo, tras haber entregado su informe sobre el caso Pallerols -de presunta financiación irregular de Unió-. En una decisión insólita, el Parlament acabó devolviéndole el trabajo por considerar que no había investigado suficientemente y tras su elección como síndico mayor se resistió durante cuatro meses a ampliarlo. Ayer, varios diputados le reprocharon su actitud al respecto. Marià Curto, en cambio, se mostró indignado porque se aluda a dicho informe y no se reclame el informe sobre Movilma -que afecta al PSC-, pendiente desde hace un año.