Las urnas llaman a 44.000 abogados

El Colegio de Abogados de Madrid tiene previsto celebrar elecciones parciales el próximo 12 de diciembre para elegir a su nuevo decano, a cinco de sus nueve diputados y al vocal bibliotecario. Para el puesto de decano concurren únicamente dos candidatos: el actual y ahora en funciones, Luis Martí Mingarro, quien lleva diez años en el cargo y que es sucesor y fiel heredero del carismático Antonio Pedrols Ríus, y su oponente, María del Carmen Sánchez Vidanes, adscrita a la progresista Asociación Libre de Abogados (ALA). Ser decano de los abogados de Madrid significa gobernar un colegio -cuyas dependencias están en la calle de Serrano, 9- que maneja al año 46 millones de euros anuales y que integra a 44.000 colegiados, entre ejercientes y no ejercientes. Estatutariamente, el Colegio es el órgano de gobierno de los abogados y posee capacidad sancionadora, incluida la posibilidad de expulsión, sobre aquellos colegiados que quebranten las normas deontológicas.

Llevar la tecnología a los despachos jurídicos es uno de los objetivos de un aspirante

A ambos les une y les diferencia su visión sobre el turno de oficio, que es la justicia gratuita que prestan los llamados abogados de oficio a las personas sin recursos que se ven inmersas en pleitos. Martí Mingarro tiene una carta en su bolsillo: "Ya hemos dado el máximo nivel de calidad al servicio, galardonado con el premio Aenor; ahora nos falta dignificarlo mejorando su retribución. Y también en este aspecto estamos en el camino: el Consejo de Gobierno de la Comunidad se ha comprometido oficialmente a aumentar las retribuciones". Y no es para menos: "Un letrado cobra 19.000 pesetas por prestar asistencia a detenidos durante 24 horas en una comisaría", lamenta el decano en funciones.

Su oponente abriga otro concepto del turno de oficio. Opina que el actual "está desprestigiado". Si sale elegida, anuncia que creará una oficina que canalice todas las reclamaciones que surjan sobre este servicio.

Otro de los ganchos electorales del aspirante Martí Mingarro será la creación una nueva oficina en el Colegio cuya misión será defender a los abogados "que tengan problemas con algún juzgado u otras instituciones en el ejercicio de su profesion". Llevar las nuevas tecnología a los despachos jurídicos es otro de los objetivo del ahora decano en funciones: "Vamos a establecer convenios de financiación para la adquisición de ordenadores de tal forma que, con las máximas garantías de seguridad, pueda existir una interconexión entre los abogados, éstos y sus clientes y con los juzgados", avanza el actiual decano en funciones.

En la mente de su oponente al decanato, María del Carmen Sánchez, figura la "adaptación urgente" de los estatutos del colegio, que datan de 1940, a las normas "más democráticas" que contiene el actual Estatuto General de la Abogacía, de 1997, y elevar el papel de la mujer abogada en Colegio. Además, democratizará la elección de los órganos colegiales "con aplicación del sistema proporcional" de representación y limitará el número de mandatos a decano. "En el Colegio no hay una especie de miniparlamento que de cobijo a las minorías; basta ganar las elecciones por un voto de diferencia para que la minoría quede al margen de todo". Suprimir "la figura del abogado no ejerciente, que incluye jueces, policías y funcionarios que estudiaron Derecho pero que en realidad no se dedican a la abogacía" es otro de sus objetivos. Y lo razona: "Se les da voto en cosas que sólo afectan a los letrados en ejercicio". Aunque ello, matiza, no impediría "que conserven los derechos asistenciales que propicia el Colegio".

Las elecciones del día 12 son parciales; es decir, para renovar los cargos de decano y de los diputados segundo, quinto, séptimo, octavo y noveno, así como el bibliotecario. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid está formada por los siguientes cargos: además del decano, nueve diputados, un tesorero, un contador, un bibliotecario y un secretario. La forma de renovación de cargos se realiza por mitades, cada cinco años se renueva la mitad de la Junta de Gobierno. En esta ocasión afecta a los cargos antes citados.

En la lista Martí Mingarro figuran como aspirantes a diputados Joaquín García-Romanillos Valverde, Isabel Gozalo Hernando, Francisco Javier Cremades, Carmen Fernández de Bobadilla y Urquiola del Palacio. Y como bibliotecario, Antonio Alonso-Lasheras. En la de Sánchez concurren oara diputados Carlos Alberto Slepoy Prada, Antonio Segura Fernández, Amalia Alejandre Casado, Rosa María del Castillo Morales y Anastasio Hernández de la Fuente y García. Y para bibliotecario, Florentina Carrasco Serrano. El significado del voto es doble en el caso de los abogados ejercientes y sencillo para los no ejercientes.