Dos israelíes abren una batalla legal para que España entregue a tres activistas palestinos

Dos mujeres israelíes, vecinas del asentamiento de Nokdim, han iniciado una batalla legal con la que tratan de conseguir la entrega de los tres activistas palestinos acogidos en España desde el pasado mes de mayo, tras el asedio de la basílica de la Natividad. Las demandantes acusan a Ibrahim Musa Abayat, Aziz Abayat y Ahmed Hemmareh de haber matado a dos de sus familiares, en un tiroteo en una carretera de Cisjordania. Tamara Lipschitz y Miriam Gorov presentaron ayer su demanda ante el Tribunal Supremo de Jerusalén.

Lipschitz y Gorov piden a los magistrados que obliguen al Gobierno de Israel a reclamar a España la extradición de los tres activistas palestinos, quienes desde el pasado 22 de mayo se encuentran en España en virtud de un pacto firmado por israelíes y palestinos, y con el que se puso fin a más de dos meses de asedio de la basílica de la Natividad. Inicialmente, los tres estuvieron confinados en el paraje forestal de Lubia, en el municipio soriano de Cubo de Solana. Sin embargo, desde septiembre los primos Abayat se han trasladado a Zaragoza, y Hemmareh, a Soria capital.

El pacto, suscrito gracias a la mediación de la Unión Europea y bajo las presiones de la comunidad internacional, supuso asimismo el traslado a otros cinco países europeos (Bélgica, Portugal, Irlanda, Grecia y Chipre) de otros 10 activistas palestinos más, entre los que se encontraba Abdul Daud, un coronel de las fuerzas de seguridad palestinas, que recientemente ha cambiado su refugio de Chipre por un asilo más cómodo en Mauritania. También se acordó entonces la extradición a Gaza de 65 activistas menores, que, como los 13 anteriores, se encontraban encerrados en el interior del templo de la Natividad. Tras la firma del acuerdo, las tropas israelíes levantaron el asedio a la basílica de Belén, desactivando paulatinamente el despliegue de las tropas iniciado con la Operación Muro Defensivo, el peor ataque israelí durante esta Intifada.

Anular el documento

Sin embargo, ahora, seis meses después de firmado el acuerdo, las dos mujeres han iniciado un procedimiento judicial, con el que intentan conseguir la anulación del documento y la entrega de los tres activistas palestinos, para que sean juzgados y encarcelados en Israel. Antes de ir al Tribunal Supremo, las dos demandantes se habían dirigido por escrito al Gobierno de Ariel Sharon, para que iniciara los trámites de extradición, pero, ante el silencio del Ejecutivo, han optado por iniciar el procedimiento judicial. Éste es primer paso legal. No descartan otros procedimientos judiciales y políticos.

Tamara Lipschitz perdió a su padre. Miriam Gorov, a su marido. Los dos hombres viajaban en un turismo desde Jerusalén hasta el asentamiento de Nokdim, cerca de Belén, cuando francotiradores apostados cerca de la carretera dispararon contra ellos. Dos balas certeras se incrustaron en el centro de sus cabezas. Tamara, una de las demandantes, que viajaba en el asiento de atrás, y que se encontraba embarazada de nueve meses, salvó milagrosamente su vida y la de su pequeño, a pesar de que un proyectil le perforó la barriga. El niño nació por cesárea. Los servicios secretos del Ejército identificaron a Ibrahim Musa Abayat, dirigente de las milicias populares de los Tanzim en Belén, como el autor de los disparos. Era el pasado 25 de febrero.

"Es indignante que los asesinos de mi marido vivan libremente en España", aseguraba ayer Miriam Gorov, de 40 años, madre de cuatro hijos, el mayor de los cuales tiene ahora 12 años, y la menor, 4. Oriunda de Minks, capital de Bielorrusia, Miriam trabaja como secretaria de los diputados de Unión Nacional-Israel Beituni en el Parlamento de Jerusalén. Es además miembro activo de una asociación que aglutina a los familiares de las víctimas del terrorismo.

La batalla de las dos mujeres se anuncia larga y complicada. La firma del pacto entre israelíes y palestinos con el que se puso fin al asedio de la basílica de la Natividad tuvo dos contrapartidas dolorosas y aparentemente irreversibles: la expulsión de los 13 activistas a un país extranjero por tiempo indefinido y la renuncia implícita por parte del Gobierno israelí a reclamar la entrega de los militantes. La demanda no ha sorprendido a nadie. La firma del acuerdo provocó en su momento protestas unánimes. Los palestinos acusaron a Yasir Arafat de "haber vendido a sus propios ciudadanos". Los israelíes, a Ariel Sharon de "haber liberado a unos asesinos".