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La Junta andaluza trata de evitar con una ley que Cajasur eluda su control

Alejandro Bolaños

La aplicación de la Ley Financiera, que reserva al Ministerio de Economía la tutela de las cajas de "fundación directa" por la Iglesia, deja fuera de la supervisión de la Junta de Andalucía a Cajasur, la entidad cordobesa que preside desde hace un cuarto de siglo el sacerdote Miguel Castillejo. El Consejo de Administración de Cajasur facultó el lunes a la dirección de la entidad para solicitar ya que se le aplique la norma estatal (publicada el sábado), un procedimiento administrativo que los servicios jurídicos de la caja estiman que puede concluir la próxima semana. Pero el Ejecutivo andaluz (una coalición de socialistas y andalucistas) no ha tirado la toalla y prepara un contraataque legal.

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Caballos anunció ayer una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos que servirá para adaptar la Ley andaluza de Cajas a la Ley Financiera estatal. En esa enmienda, además, el PSOE propone dos condiciones a la adhesión de Cajasur a la Ley Financiera: el visto bueno de la Diputación de Córdoba, la otra entidad fundadora de Cajasur y de la Asamblea General de la caja. La Asamblea aún no se ha pronunciado y la Diputación de Córdoba, controlada por el PSOE, ya ha manifestado su oposición a que Cajasur pase a ser tutelada por el Ministerio de Economía.

Además, la Junta prepara un decreto, de efectos inmediatos, en parecidos términos que, previsiblemente se aprobará la próxima semana. El jefe de los servicios jurídicos de Cajasur, Diego Jordano (ex senador por el PP), aseguró ayer que estas normas de la Junta son "ilegales" al establecer condiciones a artículos de la Ley Financiera que "son básicos" y, según su razonamiento, sólo pueden ser volcados sin más por las comunidades autónomas en su legislación. Jordano confirmó que la entidad interpuso ayer una querella por injurias graves contra el secretario general del PSOE en Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, por haber acusado a Castillejo de haber "comprado voluntades de todo tipo" y "usar la caja para su enriquecimiento".

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