El Gobierno endurece la fusión digital

El Gobierno intervendrá en la fijación de precios de la futura plataforma digital por satélite, equiparando así la televisión de pago con servicios públicos esenciales como el gas, la electricidad o el teléfono. El Consejo de Ministros aprobó ayer un catálogo de condiciones que supedita la fusión de Sogecable, (participada por el grupo PRISA, editor de EL PAÍS) y Vía Digital (controlada por Telefónica) al establecimiento de unas tarifas sujetas a la evolución general de los precios e intervenida por el Ejecutivo. Éste es un mecanismo excepcional que sólo se aplica a los servicios públicos esenciales.

Hasta ahora, el Gobierno no había intervenido en la política de precios de los canales de televisión de pago. Tampoco en la plataforma de televisión digital terrestre que ha operado bajo la marca Quiero TV hasta su reciente cierre. Fuentes de Economía precisaron que la fijación de tarifas se realiza al considerar la nueva plataforma como operador dominante en su sector, al igual que ocurre con Telefónica en el de la telefonía.

Así, el Gobierno se reserva la capacidad de fijar los precios, incluso de congelarlos o bajarlos, durante cuatro años, pese a que las dos plataformas de televisión digital no son concesiones administrativas. El mercado de la televisión por satélite está, de hecho, abierto a la entrada de cualquier operador.

Precios intervenidos

El Ejecutivo especifica que Sogecable deberá cobrar un precio único en todo el territorio, independiente de la existencia o no de operadores de cable, y en 2003 no podrá subir el precio. Durante los tres años siguientes, el aumento de la tarifa será igual o inferior al IPC previsto, pudiendo incluso reducirse. La potestad para fijar el precio la tendrá el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de Economía. Rato aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta fórmula, en cuatro años no sólo no subirá el precio que pagan los abonados sino que se reducirá en términos reales.

La fijación de precios es una de las 34 condiciones (24 de carácter general y 10 relacionadas con la distribución y comercialización de los derechos audiovisuales del fúbtol) introducidas por el Ejecutivo frente a los 10 requisitos propuestos por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en el dictamen remitido el pasado día 13 a Economía. El Ejecutivo ha desglosado muchos de los requisitos del citado organismo consultivo y los ha ampliado y endurecido con nuevas restricciones desconocidas hasta ahora en cualquier proceso de concentración en España.

El Gobierno mantiene las limitaciones impuestas por el TDC en la adquisición de derechos audiovisuales sobre el fútbol en tres años, la misma duración de los contratos con los grandes estudios cinematográficos. Asimismo, el periodo de emisión en exclusiva entre el estreno en primera ventana (pago por visión) en segunda (canales de pago) será de un año. Además se introduce la prohibición de que la empresa fusionada comercialice estos contenidos a través de otras tecnologías como Internet o la telefonía móvil. El resto de las condiciones tendrán una vigencia de cinco años.

Las empresas implicadas tienen ahora dos meses para entregar al Servicio de la Competencia "un plan detallado de actuaciones" y los plazos de aplicación si deciden finalmente fusionarse. Ese organismo podrá introducir las modificaciones necesarias para "el adecuado cumplimiento y vigilancia" de las condiciones. Telefónica tendrá un año para desprenderse de su participación en Antena 3 (47,5%) y ajustarse así a la Ley de Televisión Privada.

El nuevo operador de pago deberá renunciar a los derechos de tanteo o retracto u opción de compra de los largometrajes ligados a los grandes estudios y los derechos no se podrán adquirir en régimen de exclusividad para su explotación en otros soportes tecnológicos (ADSL, UMTS). También se reconoce el derecho de rescisión unilateral a favor de Metro Goldwing Mayer, firmado por Vía Digital. Además, Sogecable deberá comercializar al menos un canal premium (categoría a la que pertenecen Canal + o Gran Vía) a terceros (especialmente operadores de cable).

Freno a la comercialización

El Gobierno frena la posibilidad de que Sogecable comercialice conjuntamente su oferta audiovisual con la de acceso a Internet de banda ancha de Telefónica, incluido el proyecto Imagenio. Tampoco podrá dar un trato de favor a las empresas de Telefónica frente a proveedores de servicios de telefonía o de acceso a Internet que operen en tecnologías diferentes y "en particular" frente a los operadores de cable. Según el dictamen del Gobierno, Sogecable deberá reservar al menos el 20% de sus canales a terceros, porcentaje del que quedan excluidos los que operen antes de la concentración. Rato recordó que actualmente el 60% de los contenidos están explotados por productoras independientes.

Además, la nueva plataforma estará obligada a dar entrada a canales informativos producidos por programadores independientes de Sogecable y de sus socios. Este acceso se efectuará en condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias. Esta conclusión no estaba incluida en el informe del TCD.

Además, ante cualquier conflicto que surja entre la plataforma y un tercero, el Gobierno establece un arbitraje, que desarrollaría un mediador independiente o, en caso de desacuerdo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Rato, que se refirió al proceso de integración de ambas empresas como "absorción", aseguró que el catálogo de condiciones se ha establecido "pensando en el interés general y de los consumidores". A la espera de analizar con detalle las condiciones emanadas del Consejo de Ministros, tanto Sogecable como Telefónica eludieron ayer hacer valoraciones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió la cotización de Sogecable.