Bruselas exige de Gibraltar el fin de los privilegios fiscales a empresas

La Comisión Europea, presidida por Romano Prodi, aprobó ayer la propuesta del responsable de la Competencia, Mario Monti, de exigir que el Reino Unido acabe con la exención fiscal que otorga a las empresas extranjeras radicadas en Gibraltar. Éstas no pagan el impuesto de sociedades (sobre los beneficios) a cambio de abonar una pequeña tasa anual, lo que Bruselas considera una ayuda del Estado que provoca distorsiones en el mercado común. Salvo que el Reino Unido recurra la decisión, deberá abolir el sistema antes del 31 de diciembre de 2005.

Las empresas extranjeras pueden establecer sedes o filiales en Gibraltar para operar fuera del Peñón eludiendo el pago del impuesto de sociedades. Es un sistema llamado de "sociedades exentas" que funciona desde 1967 y que otorga una ventaja suplementaria incluso en relación con el resto de las empresas radicadas en Gibraltar, que ya cuentan con un sistema muy beneficioso, lo que motivó el mes pasado el inicio de una investigación.

Este caso se inició en julio del pasado año y en el camino ha sufrido un revés del Tribunal Europeo de Justicia por una cuestión de forma. Ahora, y tras una sentencia que ofrece una buena base legal para reclamar el final del sistema, Bruselas impone un plazo estricto al Reino Unido. No debe permitir la entrada en el sistema a nuevas sociedades a partir de enero y tiene que acabar con el régimen en tres años o revisarlo para ajustarlo a las normas europeas sobre ayudas estatales. La Comisión pide, además, que el Reino Unido haga una declaración pública sobre las medidas que tomará con vistas a derogar o reformar el régimen antes de finales de enero de 2003.

"Sociedades exentas

Las empresas constituidas en Gibraltar como "sociedades exentas" sólo pagan una tasa anual de 350 a 500 euros. Gibraltar amplió el beneficio fiscal a las sucursales de firmas extranjeras establecidas en su suelo. Muchas de ellas, según destaca el documento de trabajo de la Comisión Europea, son activas en el sector bancario, lo que preocupa enormemente a Bruselas.

España ha denunciado en reiteradas ocasiones a Gibraltar como centro internacional de contrabando y blanqueo de dinero y apoya expresamente a la Comisión Europea en todas estas iniciativas para estrechar el cerco al paraíso fiscal gibraltareño.

La Comisión espera que el Reino Unido se avenga ahora a aceptar las propuestas de Bruselas. Dado que son ayudas de Estado establecidas previamente, la Comisión Europea no puede exigir la devolución de los montantes no percibidos, pero sí pedir el cese del régimen fiscal.

Bruselas mantiene un cerco a Gibraltar, con tras patas. La primera, la investigación sobre el sistema impositivo general. La segunda, la de las sociedades exentas. La tercera es otra investigación contra las llamadas "sociedades beneficiarias o cualificadas", unas 150 empresas con parecidos beneficios que las exentas.