El Gobierno sancionará a los organizadores de la protesta en defensa del subsidio agrario

La Subdelegación del Gobierno en Málaga sancionará a los organizadores de la protesta a favor del subsidio agrario que se llevó a cabo el martes. El subdelegado, Carlos Rubio, recordó que la concentración fue autorizada en un emplazamiento alternativo, pero que los convocantes lo rechazaron e hicieron caso omiso tanto de la resolución de la Subdelegación como del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la ratificó. "El incumplimiento flagrante de una sentencia judicial es desacato y tiene consecuencias penales", enfatizó. También confirmó que se denunciarán las agresiones sufridas por siete policías antidisturbios.

Rubio sostuvo que la Ley de Seguridad Ciudadana "prevé sanciones para estos casos y se van a iniciar actuaciones en ese sentido". Para el subdelegado, el hecho de que la coordinadora mantuviera el lugar solicitado tras dos desestimaciones es "de una gravedad enorme" porque no sólo supuso el incumplimiento de una resolución administrativa, sino también de un fallo del TSJA que avaló la tesis de la Subdelegación de que era imposible que la concentración se realizara a la misma hora y en el mismo lugar que la cumbre hispano francesa.

Rubio arremetió contra los cargos públicos que participaron en la protesta porque fue "un acto de desobediencia" y contra el presidente de la Junta, Manuel Chaves, por "respaldar el incumplimiento de la normativa y la sentencia".

El día anterior, en un encuentro con militantes de su partido en Marbella, el presidente del Gobierno, José María Aznar, apoyó la actuación del subdelegado y arremetió contra los dirigentes socialistas que pidieron explicaciones al Gobierno por la carga policial durante la protesta. "Es una irresponsabilidad completa porque es una invitación a que todo el mundo haga lo que le dé la gana al margen de la ley, del Estado de Derecho y de los tribunales". Aznar lamentó que el PSOE se apresurara a pedir explicaciones al Gobierno "y no a los que, desobedeciendo a una autoridad judicial, se concentraron sabiendo que era una ilegalidad".

Pero el PP se quedó sólo ayer en la defensa del dispositivo de seguridad. IU anticipó que el viernes presentará una demanda contra la Subdelegación por la retención, a cargo de la Guardia Civil, de unos 70 autobuses de jornaleros que pretendían participar en la protesta. Ayer, el Ayuntamiento de Humilladero, gobernado por IU, ya dio el visto bueno a la interposición de la denuncia por vulneración del derecho a la libre circulación.