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LAS CUENTAS DE LA GENERALITAT PARA 2003

El Gobierno de CiU aprueba el presupuesto con el apoyo del PP por séptima vez consecutiva

La izquierda critica que el proyecto no permite competir con el dinamismo de Madrid

Enric Company

La alianza CiU-PP funcionó ayer de nuevo como una seda en el Parlament y permitió derrotar las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos parlamentarios de la izquierda al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2003. Es el séptimo año consecutivo en el que el apoyo de los diputados del PP permite a CiU aprobar los presupuestos y ayer, tanto la portavoz conservadora, la diputada Dolors Nadal, como el Gobierno catalán mostraron su satisfacción por la continuidad de esta alianza. También la oposición lo reseñó. Es la expresión de "un acuerdo profundo entre los dos grupos conservadores, dijo el diputado socialista Martí Carnicer, quien acusó al Gobierno de "ocultar" lo que los presupuestos contienen en realidad.

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La principal crítica de la oposición es que el proyecto de presupuestos para 2003 mantiene los defectos estructurales fruto de la mala gestión de CiU a lo largo de los años. Los expuso Martí Carnicer claramente: un desproporcionado peso de los gastos corrientes en perjuicio de las inversiones; un excesivo endeudamiento; unas inversiones en infrastructuras "irrelevantes" para atender las necesidades del país; un gasto insuficiente en educación y en los otros capítulos sociales, como los destinados a vivienda y a la creación de guarderías. Y algunas medidas estelares de contenido electoralista, según Carnicer, "para atraer a quien se deje engañar" en año electoral, como el anuncio de un aumento de la pensión de viudedad.

También los portavoces de Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en este debate, Josep Huguet y Rafael Ribó, respectivamente, insistieron en el carácter a su juicio electoralista del aumento de las pensiones de viudedad más bajas. Recordaron que en 1999, poco antes de las elecciones autonómicas, el Gobierno de CiU "obsequió" a los jubilados con una aportación extra a las pensiones en concepto de compensación por la diferencia del coste de la vida en Cataluña respecto al resto de España.

Esto causó cruces de acusaciones entre el consejero de Economía, Francesc Homs, y los tres portavoces de la izquierda. En uno de ellos, Homs invitó a la oposición a presentar propuestas para consolidar para el futuro este aumento de la paga de viudedad. La cuestión quedó abierta para el posterior trámite parlamentario.

Era el último debate presupuestario de un Gobierno presidido por Jordi Pujol y, aunque tanto Homs como el conseller en cap, Artur Mas, repitieron varias veces que "no es el último presupuesto de CiU", dando a entender que no consideran perdidas las próximas elecciones autonómicas, la izquierda los rechazó porque, a su juicio, no sirven para hacer frente a la pérdida de posiciones de la economía catalana en el contexto español. En particular, respecto a Madrid. "Son una mala base, que nosotros tendremos que corregir para afrontar el futuro", dijo Carnicer. "No sirven para curar a la economía catalana del síndrome de estrés originado por el déficit fiscal acumulado año tras año", sentenció Huguet. "Es un proyecto que no se atiene a la realidad industrial de Cataluña, que ya no es la fábrica de España", aseguró Ribó.

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Homs rechazó estas afirmaciones. Rechazó que la comparación con Madrid sea pertinente. El producto interior bruto de Cataluña es de unos 138.000 millones de euros, mientras el de Madrid es de unos 120.000 millones. Acusó en particular a Huguet de "catastrofismo" y de proyectar una "imagen negativa" de Cataluña alejada de la realidad.

Carnicer sostuvo además que "una cosa es lo que el Gobierno ha explicado en sus ruedas de prensa y otra lo que hay en el presupuesto". El Gobierno ha dicho que se trata de un presupuesto equilibrado, pero la deuda es más elevada que nunca. Dice que no sube la presión fiscal, pero ha encarecido las hipotecas al recortar las desgravaciones y, por segundo año consecutivo, ha doblado el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Ha dicho que invierte más que nunca, pero en realidad aporta a inversiones un 27% menos que el año pasado y remite al futuro mediante el llamado sistema alemán el pago de las obras de infraestructuras. "Lo más grave de todo es", afirmó, "que ocultan la realidad, en un ejercicio de hipocresía".

Para defenderse de estas críticas, Homs contraatacó acusando a los socialistas de "reclamar ahora en Cataluña todo lo que no hicieron durante los 13 años que gobernaron en España". Esto hace que el PSC "no tenga coherencia ni credibilidad" alguna, aseguró.

Esta argumentación es la misma que utilizó ya Homs en el debate presupuestario del año pasado. Para rebatir las críticas por el nivel del endeudamiento recurrió también a comparar el peso de la carga de la deuda en el presupuesto de la Generalitat con lo que representa en los presupuestos de ayuntamientos gobernados por el PSC, como Barcelona y Lleida, en los que, según dijo, pesa mucho más.

El consejero ratifica que se prodrá privatizar la gestión de la línea 9 del metro

Una de las más destacadas críticas de los grupos de la oposición al proyecto de presupuestos para 2003 es que contiene proyectos de obras para grandes infraestructuras sin especificar cómo se pagarán y remitiendo el pago a cuando finalice la obra. Una de estas obras es la línea 9 del metro de Barcelona. El consejero de Economía, Francesc Homs, rechazó enfáticamente que el Gobierno catalán proyecte privatizar esta línea de metro. Pero el énfasis estaba destinado a relativizar que sí prevé privatizar la gestión del metro."La línea 9 será propiedad de la Generalitat", proclamó Homs en respuesta a una pregunta del diputado socialista Martí Carnicer. Pero acto seguido agregó: "Lo único que se va a hacer es poner a concurso público la prestación del servicio". La posibilidad de que con el metro de Barcelona y su área metropolitana suceda lo mismo que con los accesos a la capital, es decir, que sean de peaje para beneficio de empresas privadas, había sido también criticada por el portavoz de ERC, Josep Huguet. Éste había ido más lejos aún y había acusado al Gobierno de CiU de "preferir una Cataluña de peaje para que determinada gente de este país base sus beneficios en las debilidades que son fruto de la insuficiente inversión pública". Huguet acusó al Gobierno de CiU de favorecer que buena parte de los servicios sociales básicos, como la enseñanza y la sanidad, y por supuesto también las autopistas, sean prestados por sectores privados "conectados" con el entorno del partido nacionalista. En sentido parecido se pronunció Rafael Ribó, de ICV, cuando acusó al Gobierno de poner en manos privadas el 50% de la inversión.

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