La Generalitat crea un fondo para abonar pensiones impagadas en caso de separación

El Gobierno catalán creará un fondo de garantía para abonar las pensiones alimentarias en caso de ruptura matrimonial y cuando el cónyuge incumpla la sentencia judicial que le obliga a hacerlo. El fondo beneficiará a las personas que no dispongan de recursos económicos y no podrá superar el salario mínimo interprofesional (442,12 euros mensuales), más el 30% por cada miembro que tenga la familia beneficiaria.

La iniciativa del Gobierno de CiU llega dos años después de que el Parlament aprobase una proposición de ley en ese sentido presentada por el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Ridao. La creación del fondo de garantía de pensiones está recogido en el anteproyecto de Ley de Apoyo a las Unidades Familiares elaborado por el Departamento de Presidencia, cuyo contenido está siendo publicitado parcialmente desde hace semanas por varios consejeros del Gobierno de CiU. Éste es el primer fondo de estas características que se crea en España. El Gobierno del PSOE lo prometió en 1987, pero no se llegó a materializar, y el PP hizo lo mismo en 1996.

Según recoge el anteproyecto, para gestionar ese fondo de garantía de pensiones se creará un organismo y un reglamento posterior concretará los límites y las condiciones de las personas que puedan acogerse. En cualquier caso, la pensión alimentaria o la compensatoria que se conceda no podrá superar el equivalente al salario mínimo interprofesional más el 30% por cada miembro de la unidad familiar y el 60% si se trata de un discapacitado. La pensión alimentaria la fijan los jueces para atender las necesidades de crecimiento, formación y educación de los hijos, y la compensatoria es la que recibe un cónyuge para paliar el desequilibrio que la separación o divorcio le pueda producir.

Según un informe encargado por el Departamento de Justicia a un grupo de juristas y especialistas de diferentes ámbitos, se clacula en 2,7 millones de euros la suma necesaria para crear ese fondo. La cifra fue establecida a partir de los datos sobre pensiones impagadas correspondientes al año 2000. Según recogía aquel estudio, una cuarta parte de las pensiones dictadas por los jueces y reclamadas por sus beneficiarios se dejaron de pagar aquel año, lo que privó a 1.865 personas, casi siempre mujeres, de cobrar ese dinero.

Éstas son otras de las medidas que recoge el anteproyecto:

- Traslado de menores. La Generalitat podrá declarar la situación de desamparo y asumir la tutela de un menor cuando su familia lo traslade a un país "en el que no se den las condiciones objetivas para su desarrollo durante un tiempo que pueda poner en peligro su continuidad". Cualquier persona, además del propio menor, podrá denunciar ese traslado y la Generalitat lo pondrá en conocimiento de la fiscalía para que actúe contra los padres y pida al juez que se activen los controles fronterizos para evitar la huida o para conseguir su repatriación. Esa medida se produce a raíz de conocerse diversos casos de hijos de parejas separadas que salen forzosamente de España y no vuelven a ver a su padre o a su madre.

- Deducciones fiscales. El anteproyecto de esta ley insta al Gobierno catalán a presentar un proyecto que prevea deducciones en la cuota del impuesto del IRPF por nacimiento, adopción o acogida de un niño.

- Vida laboral y familiar. Las administraciones públicas de Cataluña podrán incluir como cláusula contractual de aplicación a las empresas adjudicatarias de servicios públicos la obligación de posibilitar una reducción de jornada sin restringir el sueldo durante un año, incluido el permiso de maternidad, para poder cuidar al bebé. También se declara el interés por promover planes locales de conciliación entre la vida familiar y la laboral, y por instar, de manera genérica, a las empresas privadas a llevar estas políticas a los convenios.