La Sindicatura de Cuentas hace trampas con sus propios presupuestos, según uno de sus miembros

La Sindicatura de Cuentas, el organismo encargado de controlar que las administraciones públicas gasten correctamente el dinero público, hace trampas en sus propios presupuestos, según ha denunciado por escrito el síndico avalado por el Partido Popular (PP), Manuel Barrado. Este síndico incluyó un voto particular durante el debate sobre las cuentas internas de 2001, cuya aprobación ha quedado a expensas de los resultados de una auditoría interna. Barrado denuncia que la contabilidad "se manipuló" para permitir el pago de unas gratificaciones extraordinarias que juzga "ilegales", y acusa al síndico mayor, Marià Nicolàs, de "dar cobertura" a los procedimientos "irregulares".

Las cuentas de la sindicatura están incluidas en el paquete de más de 20 trabajos que los síndicos entregaron ayer al Parlament. En julio, todos estos informes tenían ya el visto bueno del pleno de la sindicatura, pero estaban retenidos por el síndico mayor, Marià Nicolàs, a la espera de ser encuadernados.

La izquierda y el Partido Popular exigen la dimisión de Nicolàs, avalado exclusivamente por Convergència i Unió (CiU), al que acusan de tener a la sindicatura paralizada con el objetivo de proteger los intereses de la federación nacionalista. Ayer, el presidente del Parlament, Joan Rigol, pidió a los siete síndicos que busquen el consenso para tratar de evitar que la imagen de la sindicatura se deteriore todavía más.

Las cuentas internas de 2001 son responsabilidad de Xavier Vela, avalado por CiU y mentor de Nicolàs dentro de la entidad. La controversia tiene su origen en seis gratifcaciones extraordinarias, que suman 12.020 euros (dos millones de pesetas), autorizadas por Vela. La más importante, de 4.898 euros, fue para su secretaria.

Las gratificaciones se repartieron pese a los informes contrarios de tres síndicos, del secretario general de la sindicatura y del jefe de su gabinete jurídico. El Sindicato de la Administración de Cataluña incluso ha llevado el caso a la fiscalía por presunta prevaricación.

Todos los informes cuestionaban la dudosa legalidad de la medida, pero Barrado, en el pleno celebrado el 9 de julio pasado, hizo constar en acta que para aplicarla "se manipuló" la contabilidad. "Los hechos son más graves aún porque, no existiendo partida presupuestaria para hacer estos pagos por trabajos no realizados, se manipuló su contabilización para evitar una transferencia que, obligatoriamente, tenía que haber contado con la conformidad del otro miembro de la comisión de gobierno [Barrado]", sostiene el síndico en su escrito. Y añade: "Xavier Vela conocía que no tendría este apoyo para actos que se apartan de la estricta legalidad". Ni Vela ni Nicolàs, que ayer se encontraban en Sevilla para un acto oficial, quieren hablar con periodistas, según han afirmado reiteradamente sus portavoces.

Según consta en el voto particular de Barrado, éste solicitó a Nicolàs que revisara las resoluciones de su antecesor, lo que "hubiera llevado a la regularización de los pagos irregulares". Pero Nicolàs se negó incluso a poner la propuesta en el orden del día de un pleno. "Sin ningún fundamento, el síndico mayor no incluyó el punto en el orden del día, lo cual implica una dejadez de sus obligaciones legales", añade Barrado, quien acusa a Nicolàs de "apoyar el mantenimiento de una irregularidad en lugar de buscar la transparencia y la legalidad a la que la sindicatura está especialmente obligada".

El texto denuncia que Nicolàs da "cobertura" a los pagos presuntamente ilegales y le echa en cara el informe que éste elaboró sobre el caso Pallerols -de presunta financiación irregular de Unió a través de fondos repartidos por Trabajo-, que el Parlament desaprobó. Barrado recuerda que dicho informe se elaboró "bajo la total y única responsabilidad del síndico Marià Nicolàs".