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Presupuestos, un continuismo descorazonador

Coincidiendo con la aparición, cada vez más precoz, del alumbrado navideño en nuestras calles, el consejero Homs cumplió la semana pasada el rito de presentar en el Parlament el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el año que viene. Este proyecto pasa por ser el primero elaborado tras el ascenso de Mas a la condición de sucesor de Pujol, lo que le confiere un significado político especial, en la medida en que las tendencias que marcan estas cuentas puedan ser reveladoras con respecto a lo que podría depararnos en el futuro un Gobierno de Cataluña presidido por Artur Mas.

Puede tener interés, por tanto, dedicar alguna atención no a lo que evidencia el proyecto presupuestario, sino sobre todo al estilo de formulación de políticas que se intuye en él. No abrumaremos al lector, por tanto, con la lluvia de cifras habitual en estos casos, aunque es imprescindible una mínima referencia a los datos: la Generalitat tiene previsto gastar en total el año que viene 16.300 millones de euros (es decir, una cifra levemente inferior a los 2,75 billones de las antiguas pesetas), algo más del 11% del PIB catalán calculado, por cierto, con una previsión de crecimiento económico para Cataluña del 2,6%, que tal como están las cosas parece a priori una meta difícil de lograr, cuando no inalcanzable.

¿Cuáles son los rasgos principales de lo que podemos considerar el anticipo de un nuevo estilo de gobernación para Cataluña? Lamentablemente, las noticias no son buenas. Los presupuestos para 2003 son de un continuismo descorazonador y en los pocos aspectos que apuntan novedades los trazos que las dibujan son gruesos y su orientación es, de todas las posibles, o la más conservadora o la que más claramente traslada hacia el futuro la resolución de los problemas de la sociedad catalana. Veamos, por ejemplo, el caso de las políticas de apoyo a la familia, que son una de las líneas prioritarias de la acción del Gobierno catalán. Pues bien, la mayor parte de las medidas en este campo se articulan mediante deducciones fiscales, y no mejorando la oferta de servicios públicos a las familias como sería de desear. Como es sabido, el impacto social de las desgravaciones para los gastos en guardería (de quienes pueden pagárselas) es mucho menor que el que tendría un aumento significativo de la oferta de plazas públicas en guarderías para todos.

Lo mismo cabe decir de las medidas para fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda, un problema al que la imparable subida de precios empieza a dar tintes dramáticos. En la ley de acompañamiento de los presupuestos, esa especie de autobús en el que viaja al Parlament una maraña de retoques y cambios legislativos de orden económico, se incluyen algunas medidas fiscales tradicionales, como la ampliación de las desgravaciones por compra de la primera vivienda para los menores de 32 años y otros colectivos, junto con la gran novedad de este año: la posibilidad de que los padres que ayuden a sus hijos a comprarse un piso puedan deducir en la declaración de la renta el 1% del dinero aportado.

Teniendo en cuenta que según las estadísticas más recientes el número de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes es creciente, también en Cataluña, es evidente que esta medida no va a beneficiar a los jóvenes con más dificultades para dejar el domicilio paterno sino, muy al contrario, a quienes tienen la suerte de contar con unos padres que disponen de los recursos necesarios para ayudarles a comprarse su primera vivienda. Sería mucho más positiva una acción decidida de la Generalitat en la promoción de vivienda social, pero en este terreno las medidas del proyecto presupuestario son muy tímidas, y además con dotaciones claramente insuficientes.

Otro eje en el que el Gobierno catalán viene poniendo énfasis es la política de inversión pública. Y en efecto, el aumento de las inversiones previsto para el año próximo supera el 25% y las lleva hasta los 3.700 millones de euros, lo que sin duda constituiría un esfuerzo de importancia en cualquier caso. Ahora bien, ¿cómo van a financiarse estas inversiones? Buena parte de ellas por medio del llamado modelo alemán, en el que las empresas concesionarias de los proyectos cobran al entregar la obra acabada. Además de ocultar parte del déficit, este método tiene algunos efectos perversos. Primero, porque son las empresas constructoras las que han de acudir a los mercados de capitales en busca de fondos para financiarse, lógicamente a tipos de interés superiores a los que podría obtener la Administración, lo que se traduce en un mayor coste final de la obra pública. Segundo, porque se compromete la capacidad de inversión futura ya que las inversiones actuales se pagarán dentro de unos años. Y tercero, porque el endeudamiento actual de la Generalitat permitiría una financiación más ortodoxa de las inversiones mediante el recurso al déficit, que sería compatible con los compromisos del pacto de estabilidad, respondería mejor a la lógica económica de este tipo de gastos y dotaría de mayor transparencia la gestión financiera de la Generalitat.

En definitiva, el contenido de los presupuestos llevados por Mas al Parlament es muy decepcionante, y no sólo cuesta encontrar en ellos algún rasgo innovador, sino que además las pocas novedades del proyecto, incluso las de corte pretendidamente social, se caracterizan por tener una orientación marcadamente conservadora.

Alejandro Estruch Manjón es profesor titular de Política Económica en la UB.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0025, 25 de noviembre de 2002.