El Estatuto de los Trabajadores, a debate

¿Responde el redactado actual del Estatuto de los Trabajadores a un entorno económico cambiante? ¿Está la legislación laboral española adaptada a la nueva realidad de las empresas? A las puertas de la Europa de los 25, éstas y otras preguntas reunieron esta semana a expertos en derecho del trabajo y agentes sociales en un seminario sobre competitividad, flexibilidad y empleo.

La norma es "un enfermo terminal que necesita respiración asistida", asegura Federico Durán, ex presidente del CES

Para los sindicatos, el empleo estable no puede ser el gran sacrificado en aras de una mayor flexibilidad para el despido

Aligerar. Ésta fue la palabra que más se escuchó entre los partidarios de enmendar a fondo el Estatuto de los Trabajadores durante el transcurso del seminario Competitividad, flexibilidad y empleo celebrado en Madrid. "Se trata de un enfermo terminal que necesita respiración asistida, por lo que hay que proceder a su sustitución completa", expuso con rotundo convencimiento Federico Durán, socio director del departamento laboral de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, organizador del evento junto a la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Adecco. Sus palabras se escucharon antes de la intervención de los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente. El guante, con toda su carga provocativa, estaba lanzado.

Para Federico Durán, que fue presidente del Consejo Económico y Social, pese a las reformas llevadas a cabo en 1994 y 1997, el texto actual del estatuto "hunde sus raíces en el siglo XIX y se ha quedado viejo", de tal modo que no responde a una realidad en la que las empresas deben variar continuamente sus estrategias comerciales para sobrevivir en un entorno muy cambiante. "Se requiere un marco legislativo que reduzca el exceso de regulación y que contemple mayor flexibilidad tanto en el uso que se da a la fuerza de trabajo ya contratada como en materia de contratación de nuevos empleados", sentenció.

En su opinión, las reformas deben apuntar a que los convenios colectivos sean "instrumentos de gestión cotidiana, no una rígida normativa impuesta desde fuera". El objetivo es, según Durán, que las empresas ganen cada vez más autonomía para adoptar acuerdos en función de sus necesidades específicas o las de su sector. Complementariamente, abogó por implicar más a los trabajadores en las estrategias empresariales y acabó reclamando paciencia a los partidarios de sus tesis y reflexión a sus detractores: "Hará falta un periodo de meses o de años, pero conviene empezar a interiorizar la necesidad de la reforma".

Cándido Méndez entró al trapo: "A nuestras normas laborales se les achacan deficiencias injustificadas, puesto que la economía española no sería una de las más abiertas del mundo si el Estatuto de los Trabajadores fuera tal saco de rigideces". Con todo, el responsable de la UGT no cerró la posibilidad de un diálogo más profundo sobre la cuestión, pero sí rechazó "cualquier modificación que venga impuesta".

Para José María Fidalgo, secretario general de CC OO, el empleo estable no puede ser el gran sacrificado en aras de una mayor flexibilidad para el despido y en las modalidades de contratación. Su alternativa pasa por poner en práctica "políticas de mejora de la productividad de los puestos de trabajo", es decir, mayores inversiones en formación, investigación y todo lo que capacite a los empleados para acometer con más eficacia sus funciones. Fidalgo ironizó sobre tanta insistencia en la desregulación al afirmar que, a este paso, "algún día desaparecerá el derecho del trabajo".

En una posición equidistante se situó Carmen Sáez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba y ex letrada del Tribunal Constitucional. En su opinión, la reforma de 1994 avanzó en la senda de reconocer el poder de los directivos en la organización de sus empresas, incluyendo la facultad de reducir plantillas. Sin embargo, matizó que "el legislador concibió este poder en el contexto de las reorganizaciones por causas económicas". Sáez abogó por no reducir tal facultad "sólo a los momentos en los que las compañías deben acometer estados que podemos llamar patológicos, sino extenderla a la realidad de la nueva empresa, abierta a riesgos y entornos cambiantes, y a los nuevos modelos de organización del trabajo que obedecen a la competitividad del mercado".

Precisamente a estos fenómenos se refirió Rosa Zarza, socia de Garrigues Abogados, para quien el Estatuto debe actualizarse en relación al teletrabajo. Para ella se trata de una realidad creciente que la legislación laboral no contempla. Ésta recoge únicamente como tareas realizadas fuera del centro de trabajo las propias de empleos como costureras o trabajadores del calzado, que realizan sus tareas en sus casas. Toda una muestra, en su opinión, de la obsolescencia de determinados aspectos de la normativa laboral.