Defensa abrió un expediente para jubilar a la soldado Quiñoa tras su denuncia de abuso

Dolores Quiñoa, la militar que acusa a un superior de haberla violado, apenas ha ejercido como soldado. El Ministerio de Defensa, lejos de investigar a fondo lo ocurrido, le abrió un expediente de incapacidad por pérdida de las aptitudes psicofísicas, "dos o tres meses después" de que sucedieran los hechos que ella denuncia, según su abogado, José María Garzón. Desde entonces, Quiñoa se encuentra "sin ocupar destino". El abogado de la soldado ha anunciado que esta semana presentará una denuncia contra el teniente Iván Moriano por violación, amenazas y coacciones.

Lasentencia del Tribunal Supremo señala que el 11 de mayo de 2000 el teniente Iván Moriano obligó a la soldado Quiñoa a desnudarse en el campamento de El Piornal (Cáceres). Ella asegura que, además, la violó. Finalizado el periodo de campamento, ella juró bandera en la Infantería de Marina de la Guardia Real.

Su primer destino, y hasta ahora el único, fue la compañía Mar y Océano de la guardia de honores, que tiene su sede en el cuartel de El Príncipe, en El Pardo (Madrid). Pero desde hace casi dos años, Quiñoa permanece en Lugo, de donde procede y donde vive su familia, a la espera de que se resuelva su expediente de incapacidad y pendiente de que se le asigne un destino.

A primeros de septiembre de este año, la infante de Marina recibió una notificación de la Junta de Evaluación que debía decidir su caso, que indicaba que la pérdida de aptitudes psicofísicas no guardaban "relación causa-efecto con las vicisitudes del servicio".

Fue entonces cuando se decidió a revelar que había sido violada, porque se dio cuenta de que callarlo no le había servido de nada, a pesar de que el teniente Moriano, entre las amenazas que ella asegura que profirió para que no hablara, le había insinuado que si no decía nada le ayudaría en su carrera. Y, más aún, que la depresión que arrastraba como consecuencia de la agresión sexual iba a provocar que la expulsaran del Ejército. "Yo no estaba de acuerdo con que no hubiera ninguna relación entre aquello y la depresión en que caí", dice Quiñoa. "Por eso presenté mis alegaciones".

"Antes de que todo esto ocurriese, ingresar en el Ejército era el sueño de mi vida y por culpa de un loco ese sueño ha muerto para mí", escribió en el documento que presentó el pasado 17 de septiembre ante la Delegación de Defensa de Lugo. Este escrito quedó registrado con el número 1.111. Hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Sin embargo, cuando esta semana Quiñoa ha sido llamada a declarar por la fiscalía militar, su abogado preguntó qué había sucedido con el escrito. "No le han contestado", asegura que le indicó el fiscal, quien añadió que por esa falta de respuesta se habían abierto las nuevas diligencias. Esta versión explica que el propio ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, se interesara por lo que había sucedido con ese documento y, al comprobar que no se había respondido, pidiera personalmente la intervención de la fiscalía militar. Un portavoz de Defensa señaló el viernes que durante la instrucción "se actuará probablemente contra el que no lo tramitó".

Porque en el escrito queda claro que Quiñoa no esperó a la sentencia del Supremo para denunciar la agresión sexual que dice haber sufrido. Tampoco lo hizo por primera vez en una televisión, como se le ha reprochado la última semana. Allí, en el documento, en la quinta alegación, escribió en mayúsculas: "VIOLÁNDOME".

Quiñoa declaró el jueves por la tarde ante el fiscal militar. Y esta semana lo harán todos los miembros de su unidad que estuvieron en el campamento de El Piornal. Incluido Iván Gómez, el ex guardia real que esta semana ha corroborado el testimonio de la soldado, según el cual los 45 aspirantes que estaban a punto de concluir la instrucción en aquel campamento pidieron uno por uno la baja en el Ejército en protesta por los abusos sexuales del teniente Moriano.

Fue ese apoyo lo que convenció a Quiñoa para denunciar a su superior, aunque sólo contó que le había obligado a desnudarse. "Yo dije lo que me había dicho el teniente que dijera. Me llamaba a cada rato, cada vez que mis compañeros iban a hacer alguna actividad. Me insistía en lo que tenía que decir ante cada pregunta", relata ella.

El motín que vivió el cuartel de Cáceres no fue considerado motivo suficiente para abrir una investigación y, según el relato de Iván Gómez, ni siquiera se interrogó a los otros soldados. El que en mayo de 2000 era el jefe de la Guardia Real, el coronel Rafael Dávila Álvarez, se limitó a decirle a la soldado que lo sentía y que lo sucedido "no es normal en el Ejército".

Que el coronel conocía que la situación era anormal lo volvió a demostrar en la ceremonia de entrega de boinas, una vez finalizado el campamento. Allí, según el relato del ex guardia real Gómez, tuvo un detalle insólito en el Ejército: le entregó un ramo de flores a la soldado, que no era la única mujer que superaba la prueba, y explicó que lo hacía porque era la aspirante "a la que le había costado más".

Este periódico intentó recabar de Rafael Dávila una explicación de por qué no se investigó entonces lo sucedido. La contestación de Defensa fue que el alto mando, que ahora es general de brigada y está al frente de la Brigada de Infantería Ligera Rey Alfonso XIII de la Legión, en la Comandancia Militar de Almería, "no desea [hablar] sobre unos hechos dolorosos para él, juzgados y sobre los que ya se ha dictado sentencia".

A pesar de ese fallo, la soldado tuvo que recordar de nuevo el jueves, durante cuatro horas que para ella fueron "terribles", ante el fiscal militar. "Me preguntaron por qué no lo había denunciado antes. Yo dejé bien claro que todo lo que declaré en el juicio era bajo amenazas. Y por mi familia. Le dije al fiscal: ¿Quiere que le diga a mi hermana pequeña que está amenazada de muerte? Bastante calvario había pasado yo ya, como para meter a mi familia".

La soldado no se fía mucho de la justicia militar: "Nadie de mis compañeros que aún siguen dentro va a decir nada, porque saben lo que les espera. Sólo los que están licenciados podrán ayudarme", sostiene. Tampoco su abogado cree que por esa vía vaya a hacerse justicia, entre otras cosas porque él no puede intervenir.

El procedimiento militar impide que quien denuncia a un superior sea representado por un abogado, como ya le ocurrió en el primer juicio a la soldado, aunque sí lo tenga el acusado. "La situación que genera a cualquier militar es de absoluta indefensión", asegura José María Garzón. "Mi presencia a efectos prácticos no sirve de nada, porque no puedo sugerir actuaciones ni solicitar pruebas y Quiñoa no tiene derecho a una copia de su declaración, porque no hay esa obligación. Pero si ni siquiera le han notificado la sentencia del Supremo... ¡Por Dios, que es de ella de quien han abusado!".

Garzón cuenta que el jueves, la soldado relató al fiscal que había recibido llamadas de amenaza del teniente Moriano y que conservaba su número en la memoria del teléfono. "Tuvo que preguntarle ella al fiscal si no le interesaba que le diera el número para comprobar que era del teniente", sostiene. "Y le contestó que eso no era posible porque habría cambiado de número. Pero podían comprobarlo, ¿no? Francamente, no creo que nada de esto se estudie".