El ministro de Economía afirma que la legalidad de la póliza de Castillejo deben decidirla los tribunales

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, eludió ayer en Almería hacer un pronunciamiento político sobre la póliza del presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, que le permitirá a éste cobrar una renta vitalicia cuando abandone la entidad. No obstante, sí habló de la decisión de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía de declarar ilegal la póliza. "La legalidad de las cuestiones las consideran los tribunales y quisiera deslindar cuestiones de debate político de cuestiones que afectan a las entidades financieras y que por su trascendencia por el público deben ser respetadas por todas las autoridades", dijo Rato.

También afirmó que "la solvencia de las cajas en general y de Cajasur en particular es una responsabilidad pública del Banco de España", en línea con lo manifestado por la autoridad monetaria.

Por su parte, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, aseguró ayer que una solución para resolver la polémica de la póliza del presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo, sería que cambiara el beneficiario. En una entrevista en Canal Sur Televisión, Álvarez dijo que la póliza de Castillejo, por la que la entidad desembolsó 2,9 millones de euros y que permitirá al presidente de la caja cobrar una renta vitalicia cuando se jubile, no sólo es éticamente reprobable sino que además es ilegal y recomendó que, si no es posible rescatarla, la entidad la cambie de beneficiario y que sean "todas las personas mayores que tengan pensiones no contributivas".

Mientras, la Diputación de Córdoba celebró un pleno en el que se aprobó una propuesta de PSOE e IU en la que se solicita que Cajasur no se acoja a la Ley Financiera, lo que quitaría a la Junta la tutela sobre esta entidad. María Jesús Botella, portavoz del PP, afirmó que la institución provincial perdió el carácter de fundadora de Cajasur cuando la caja que fundó se fusionó con la entidad fundada por la Iglesia, en 1994. "Se negoció una fusión por absorción", señaló Botella, lo que, a su juicio, implica que la caja de la Diputación se extinguió y que ésta no tiene voz ni voto para decidir si Cajasur se acoge o no a la Ley Financiera.

Por contra, para José Mellado, actual candidato a la alcaldía de Córdoba por el PSOE, no hay duda: la Diputación es fundadora de Cajasur, porque si no no tendría sentido que Castillejo firmase acuerdos con su presidente, ni que un vicepresidente ejecutivo de la caja lo sea en representación de la institución provincial. Los argumentos de José Abad, portavoz del PSOE, fueron más allá: "La Ley de Cajas y los estatutos de Cajasur reconocen el papel cofundador de la Diputación. Además la ley prohíbe taxativamente que las diputaciones estén presentes en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros si no son organismos fundadores. O somos fundadores o se está cometiendo una irregularidad continuada".