Condenados a siete arrestos de fin de semana por delito electoral cinco ediles de Batasuna en Villabona
La alcaldesa de Villabona, Maixabel Arrieta, de Batasuna, y otros cuatro concejales de esta formación en ese consistorio guipuzcoano han sido condenados por un juzgado de San Sebastián a siete arrestos de fin de semana cada uno y al pago de una multa de 225 euros por persona por delito electoral.
La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 5 de la capital donostiarra señala que los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2000, cuando el pleno del Ayuntamiento "adoptó el acuerdo de no incluir en el sorteo para la formación de las mesas electorales" de las elecciones generales que iban a celebrarse del 12 de marzo a 144 personas. Estos vecinos habían solicitado previamente al consistorio no formar parte en ese sorteo, ya que argumentaron que eran "ciudadanos de Euskal Herria y no de España", informa la agencia Efe.
Esta decisión municipal fue adoptada con los votos de los cinco ediles ahora condenados -Maixabel Arrieta, Iratxe Bidaola, Itziar Garmendia, Juan Ignacio Etxeberria y Karlos Calvo-, a pesar de que el secretario municipal les advirtió de "la ilegalidad de la no inclusión" de esas personas en el sorteo, precisa la sentencia.
Durante el juicio oral, el fiscal y los acusados alcanzaron un acuerdo por el cual el Ministerio Público modificó sus conclusiones provisionales y retiró la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo que solicitaba inicialmente para los imputados, mientras que éstos expresaron su conformidad con lo acordado. Por este motivo, el tribunal ha impuesto a los cinco ediles de Batasuna penas que suman un total de 35 fines de semana de arresto, una multa de 1.125 euros y el pago de las costas procesales.
Otro caso semejante quedó visto para sentencia tras el juicio celebrado a finales de octubre pasado contra nueve de los once concejales que formaban la corporación del Ayuntamiento de Mutriku en 2000: cuatro concejales de Batasuna, incluido el alcalde, José Agustín Elezgarai, otros cuatro del PNV y uno de EA. El fiscal les acusa de un delito electoral por haber aprobado en el pleno que un grupo de vecinos quedasen excluidos como miembros de la mesas electorales en las generales de 2001.
