El Gobierno andaluz estudia la fórmula jurídica que le permita anular la póliza de Castillejo

La Junta de Andalucía está estudiando la fórmula jurídica que le permita anular la póliza de 2,9 millones de euros que Cajasur ha suscrito en favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, que le supondrá a éste una renta vitalicia cuando abandone la entidad financiera. Los servicios jurídicos de la Junta dictaminaron la semana pasado que esta renta es una indemnización, algo que prohíbe la Ley de Cajas autonómica. Por su parte, la Diputación de Córdoba aprobará hoy una iniciativa del PSOE e IU para evitar que Cajasur se acoja a la Ley Financiera.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía concluyeron el jueves de la semana pasada que la póliza suscrita por Cajasur con la aseguradora Caser a favor de su presidente está "vedada" por la Ley de Cajas autonómica. En opinión de los letrados de la Administración autonómica, esta póliza, que permitirá cobrar a Castillejo una renta vitalicia de al menos 213.000 euros cuando abandone la entidad, es una indemnización, terminantemente prohibida por la Ley de Cajas en su artículo 50.2. Esta renta podrá ser heredada por las cuatro hermanas de Castillejo, sucesivamente y de mayor a menor, hasta el fallecimiento de la última. Los servicios jurídicos autonómicos detallaron en su informe que la propia póliza establece que para que Castillejo pueda cobrar la renta vitalicia "deberá haber cesado a iniciativa propia o de la entidad en el cargo de presidente ejecutivo", clave para entender que es una indemnización.

Por el contrario, dos informes encargados por Cajasur al ex ministro Manuel Clavero Arévalo, catedrático de Derecho Administrativo, y al bufete de Garrigues sostienen que el dinero que percibirá Castillejo cuando se jubile es un "complemento de pensión" y que en ningún caso se vulnera la legislación autonómica. El dictamen de Clavero Arévalo defiende que esta partida se acordó para premiar la "incansable, permanente y absoluta dedicación exclusiva" de Castillejo a Cajasur, entidad de la que es presidente desde hace 25 años.

Desde el pasado jueves, la Consejería de Economía está estudiando la documentación de los inspectores que están auditando Cajasur y el informe de sus servicios jurídicos para decidir la estrategia a seguir. La cuestión es que la póliza es un acto mercantil privado entre Cajasur y Caser, pero el beneficiario es el presidente de la entidad, y la Junta tiene legalmente la tutela sobre sus actos, de acuerdo con la Ley de Cajas. En base a este principio, Economía estudia la fórmula jurídica que permita suspender el acuerdo del Consejo de Administración en el que teoricamente se aprobó la suscripción de la poliza de seguro en favor de Castillejo, lo que podría conllevar la anulación de la misma.

Precedente de Beneroso

Un precedente parecido a este caso se produjo en octubre de 2001, cuando el Ejecutivo andaluz abrió expediente a El Monte y a su entonces presidente, Isidoro Beneroso. El instructor del expediente resolvió el procedimiento en julio de este año. La Junta asumió su dictamen: multa de 150.000 euros a la caja de ahorros por una infracción muy grave y sancion al ex presidente de la entidad con 30.000 euros y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos directivos en el sistema financiero. El presidente y la caja recurrieron y la Consejería aún no ha resuelto.

Además, Economía ha desestimado el primer recurso que presentó Cajasur contra la inspección de la Junta en la entidad cordobesa.

Por otra parte, la Diputación de Córdoba va a pedir al Parlamento de Andalucía que recurra el artículo 8.15 de la Ley Financiera ante el Tribunal Constitucional, para evitar que el Cabildo Catedralicio pueda modificar los estatutos de Cajasur y alzarse como único ente fundador de la caja, dejando fuera a la institución provincial e impidiendo incluso su participación en sus órganos de gobierno. Así lo anunciaron ayer los portavoces del PSOE e Izquierda Unida, José Abad y Francisca Lozano, respectivamente, que llevarán una moción conjunta con este fin al pleno extraordinario convocado para hoy en la Diputación.

Abad señaló que si Cajasur se acoge a la Ley Financiera se vulnerarán las competencias de la Junta sobre las cajas, informa María H. Martí.