El Parlamento investigará si Schröder ocultó datos económicos para ganar las elecciones
La oposición democristiana acusa al Gobierno alemán de cometer "estafa electoral"
El Parlamento alemán (Bundestag) rompió ayer un tabú en la historia de la República Federal de Alemania. Los diputados investigarán si el canciller Gerhard Schröder cometió "estafa electoral" en los últimos comicios, por ocultar a los ciudadanos la grave situación de la Hacienda pública para lograr un triunfo en las urnas. La comisión de investigación debe comenzar sus trabajos "lo antes posible", según la líder de los democristianos, Angela Merkel. El anuncio supone un golpe político al Ejecutivo, acosado ya por el agujero en las cuentas públicas y la caída libre en los sondeos de opinión.
La catastrófica situación de la Hacienda pública alemana es la responsable de la crisis desatada ayer. En los últimos días, los técnicos han descubierto que este año faltarán 15.400 millones de euros en el presupuesto y que el agujero el año que viene se elevará a 16.000 millones.
Para tratar de evitar el descalabro financiero, el Gobierno federal ha aprobado fuertes recortes del gasto, congelación de sueldos (de los médicos, por ejemplo) y un tremendo aumento de la presión fiscal (carburantes, venta de acciones, tasas a las empresas y a los ciudadanos, entre otras). Todo ello, en contra de lo que el canciller socialdemócrata, Gerhard Schröder (SPD), prometió durante la campaña electoral: no se suben los impuestos.
La oposición sostiene ahora que algunos miembros del Gobierno ya tenían las cifras encima de la mesa el verano pasado, antes de las elecciones. Pero que las ocultaron al país, porque las implicaciones eran de tal calibre que ningún Gobierno hubiese sido capaz de ganar unos comicios con semejantes datos.
Eso es lo que la dirigente democristiana Angela Merkel (CDU) y el primer ministro de Baviera, Edmund Stoiber, del partido hermano la Unión Socialcristiana (CSU), el candidato conservador derrotado, califican como "estafa electoral". Los dos dirigentes democristianos quieren que el Parlamento investigue. "Una campaña electoral como la que hemos vivido no puede repetirse en este país", dijo ayer Merkel. El Bundestag debe averiguar qué ministros conocían la gravedad de la situación y, sobre todo, cuándo lo supieron, según la líder democristiana.
La legislación alemana prevé que sólo con los votos de un cuarto de los diputados se puede aprobar una comisión parlamentaria de investigación. Además de la CDU, los liberales del FDP se sumaron ayer a la propuesta, que, según Merkel y Stoiber, debe quedar formalizada la primera semana de diciembre.
Más allá de la esperanza de encontrar algún documento que pruebe su tesis (alguna comunicación del Ministerio de Hacienda o algún borrador de la Cancillería sobre previsiones financieras), los democristianos planean utilizar la comisión para ejercer presión política sobre el canciller y su partido, el SPD.
El 2 de febrero se celebran dos elecciones regionales muy importantes: en el Estado federado de Hesse, en manos de la CDU, y en Baja Sajonia, el Estado de Schröder, donde gobierna el SPD. Merkel y Stoiber confían, según dijeron ayer, en que el Parlamento inicie sus trabajos antes de esa fecha.
La intención de los conservadores es obvia. Con el desplome en las encuestas de Schröder y con la repercusión mediática de la comisión de investigación, la CDU confía en lograr un resultado histórico en Hesse, desalojar a los socialdemócratas de Baja Sajonia y demostrar que el triunfo del canciller en septiembre fue un tremendo error.
De momento, las encuestas apuntan a que la CDU puede lograr todos sus objetivos. El SPD cuenta ahora mismo con una intención de voto del 34%, según los sondeos de opinión, frente al 44% que votarían a la CDU, si las elecciones se celebraran este domingo. Jamás en la historia política de Alemania un Gobierno se había hundido en la estimación de los ciudadanos con tal contundencia. Schröder, que ayer compareció ante la prensa para explicar la última subida de impuestos (un 15% sobre la venta de acciones), reconoció que el panorama no es bueno. "Naturalmente que sé cómo está la situación [de las encuestas]. Es algo que sólo se puede cambiar con un trabajo serio desde el Gobierno, y eso es lo que vamos a hacer", dijo.
Más allá del rifirrafe político, la decisión de investigar a un canciller en activo, por "estafa electoral", supone una ruptura con los usos y costumbres de la República Federal de Alemania. Un pacto de caballeros que se había mantenido más o menos hasta el final de la era Kohl. Varios analistas apuntan que la decisión de la CDU de impulsar la investigación refleja la frustración y el resentimiento del partido democristiano, que en la última legislatura tuvo que someter sus cuentas, lastradas por la financiación irregular, a otra comisión investigadora del Bundestag.
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