Los obispos no logran cerrar el documento sobre terrorismo que Rouco anunció hace un año

Los obispos, uno por uno, quieren cerrar esta semana la redacción de un documento "sobre el terrorismo y la aportación de la Iglesia en su erradicación", prometido hace un año por el cardenal Rouco, pero la asamblea de prelados, reunida desde ayer en Madrid, no parece estar en condiciones de hacerlo. Lo reconoció su portavoz, Juan José Asenjo, minutos antes de que Rouco se refiriera en su discurso a la "notoria urgencia" y la "prioridad" que se quiere dar a ese texto. La necesidad de este pronunciamiento episcopal sobre el terrorismo y sus causas, que se negocia desde hace un año, se precipitó a raíz de la agria polémica suscitada en mayo tras la pastoral de los obispos vascos sobre la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna.

Atormentada por la herida dejada entre sus fieles tras el enfrentamiento que se produjo entre la Iglesia y el Gobierno del PP a raíz de la pastoral de los prelados vascos de 30 de mayo pasado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) quiere proclamar cuanto antes que jamás ha dejado de condenar el terrorismo. Pero ahora quiere ir más lejos: busca, además, demostrar que la Iglesia también ha hecho "aportaciones para la erradicación" de esa lacra social, más allá de las reiteradas execraciones.

En plena polémica sobre la pastoral de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, el Gobierno de Aznar llamó a consultas al nuncio (embajador) del Vaticano en España, Manuel Monteiro, para expresarle su disgusto por la actitud episcopal. Era la primera vez que ocurría desde la muerte de Franco. El Ejecutivo presidido por José María Aznar reclamaba, sin conseguirlo, que el Vaticano forzase una rectificación de los autores de la pastoral, y esperaba, además, también en vano, un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, o del cardenal Rouco, desautorizándolos. El enfrentamiento fue tan agrio que el propio Aznar calificó de "perversión moral" la actitud de los prelados, a lo que el cardenal de Barcelona, Ricard Maria Carles, le replicó que "un presidente del Gobierno no puede llamar inmorales a los obispos".

La huella de la trifulca no se ha cerrado, pero ya se saben algunas de sus consecuencias: de entonces acá han disminuido entre el 3% y el 5% las aportaciones voluntarias de los católicos a su Iglesia, bien a través de las limosnas, o mediante la declaración de la renta del pasado ejercicio fiscal.

Por eso la CEE tiene prisa en hablar, y quiere hacerlo alto y con detalle. El cardenal Rouco recordó ayer a sus compañeros de episcopado que "hace ahora un año" habían aprobado, en asamblea plenaria, "el Plan Pastoral Una Iglesia esperanzada. "¡Mar adentro!", y que, entre las acciones previstas entonces, "por su notoria urgencia", habían dado "prioridad al cumplimiento de la acción 16, prevista en el número 78 del Plan: elaborar un documento sobre el terrorismo y la aportación de la Iglesia a su erradicación". Rouco dijo, además, que la Comisión Permanente de la CEE, "en su reunión del pasado junio", había concretado cómo realizar ese delicado encargo: "Como estudio del terrorismo, de sus causas, orígenes y consecuencias".

Pero los tiempos de la Iglesia siempre son lentos. Al día de ayer, el citado documento no era más que un borrador sobre el que buena parte de los 80 prelados con derecho a voto en la conferencia apenas podían pronunciarse porque lo desconocían. Se sabe por otros debates sobre el mismo tema que algunos obispos tienen como ciudadanos una sensibilidad nacionalista muy firme, y que otros tantos son acérrimos defensores de un nacionalismo españolista. Por eso asumen que es casi imposible que en una semana puedan llegar a acuerdos definitivos sobre cómo presentar a la opinión pública un documento tan complejo y en el que la Iglesia se juega la amistad de un amplio sector de sus fieles.