Cañete propone reducir las ayudas a quienes reciban más de 10.000 euros

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Miguel Arias Cañete, presentó ayer su alternativa a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) del comisario europeo Franz Fischler. Bruselas ha propuesto restar un 20% de las ayudas que reciben aquellos que obtienen más de 5.000 euros en subvenciones para destinar estos fondos a desarrollo rural. La propuesta del ministro es comenzar a aplicar la reducción a partir de 10.000 euros, por lo que se beneficiarían más pequeños y medianos agricultores, que no verían mermados sus ingresos. La Junta propuso que esta modulación se aplique a partir de los 40.000 euros.

En el transcurso de una conferencia titulada La revisión intermedia de la PAC desde la perspectiva española, el ministro realizó ayer un recorrido por la propuesta de la Comisión Europea y puso de manifiesto los principales efectos que tendría su aplicación sobre la agricultura y ganadería españolas.

Un análisis técnico indica que un descenso de un 20% en el importe de las ayudas, una bajada del 10% en los precios de mercado y la reducción del valor de los márgenes brutos de los cultivos en secano podría llegar a producir, en algunos casos, pérdidas de más del 100% del margen bruto obtenido por el agricultor.

Cañete cuestionó el cálculo de las ayudas en base a referencias históricas. Este criterio, a su juicio, consolida "profundas diferencias entre agricultores, restan legitimidad social a las ayudas y facilitan su futura desaparición". También advirtió de que el apoyos "indiscriminado y global" a las explotaciones alterará toda la ordenación de la producción local, dejando al mercado "sumido en grandes oscilaciones por la sobresaturación de algunos productos a priori más rentables y comportará una destrucción de empleo agrario, al tenderse a producir con los menores costos posibles".

También alertó de que al desvincularse las ayudas del valor del suelo se agravan los problemas estructurales del mercado de la tierra, se endurecen las barreras para entrada de nuevos agricultores y ganaderos y limita las posibilidades de ampliar la dimensión de la explotación.

La propuesta española a esta ordenación pretende corregir los graves impactos territoriales y sectoriales que tendría en España el diseño de reforma de la PAC y guardar un equilibrio en las cuestiones de "cohesión y viabilidad de las explotaciones".