Gil y Julián Muñoz se sientan hoy en el banquillo por el 'caso de los caballos'

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga inicia hoy el juicio del denominado caso de los caballos, por el que se acusa a Jesús Gil y otros cuatro imputados, entre ellos el alcalde de Marbella, Julián Muñoz, de patrocinar con dinero público dos caballos propiedad de Gil y Gil. La Fiscalía pide tres años de prisión para Gil y Muñoz por malversación de caudales públicos, mientras que la acusación particular, que ejerce el PSOE, eleva la pena a seis años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta.

La vista comenzará a las 10.00 hora y continuará hasta el próximo jueves con la respuesta de las acusaciones y el interrogatorio de los imputados y algunos testigos. El Tribunal que juzga el caso estará presidido por José María Caparrós, auxiliado por las magistradas Lourdes Ortiz y María Jesús Alarcón. Esta última sustituye como ponente a Joaquín Delgado Baena, que pidió en marzo su traslado a la sección cuarta de la Audiencia, lo que obligó al retraso del juicio.

Tanto Delgado Baena como Caparrós fueron recusados el 14 de diciembre del pasado año por la acusación particular, que consideró que ambos debieron haberse abstenido en este caso. En un escrito de 24 folios, presentado en el registro de entrada de la Audiencia el mismo día señalado para iniciar las cuestiones previas, el abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, exponía hasta 30 ocasiones en las que los dos magistrados recusados habían firmado resoluciones favorables a los intereses del ex alcalde de Marbella. "Nunca han dictado una resolución desfavorable", añadía el letrado.

El Tribunal rechazó las recusaciones contra los dos jueces y determinó que fueron presentadas fuera de tiempo, de mala fe y con la intención de provocar un "juicio mediático paralelo". El traslado de Delgado Baena y la coincidencia de la causa con otros juicios pendientes de Gil en Madrid, ha retrasado hasta en dos ocasiones más la vista hasta hoy. El cambio de ponente parece haber sido bien recibido por Aguilera, que señaló ayer: "Tenemos plena confianza en la imparcialidad del Tribunal".

El caso de los caballos es la segunda pieza separada del conocido como caso Eventos, que investiga los patrocinios con dinero público y a través de sociedades municipales de negocios deportivos de Gil y Gil. Los hechos que dieron lugar a esta querella fueron denunciados por la portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, en mayo de 1996 ante la Fiscalía Anticorrupción. En esta causa se acusa al ex alcalde de Marbella de patrocinar con dinero público al jinete Juan Matute, que cobró entre 1995 y 1996 unos 42.000 euros de la sociedad Eventos 2000, por lucir el nombre de Marbella en las mantas de dos caballos propiedad de la yeguada de Jesús Gil.

"Se trata de un caso más que da una imagen clara de que para Gil el Ayuntamiento es su negocio", dijo ayer el abogado José Carlos Aguilera. Según la Fiscalía, Gil y su hijo Miguel Ángel Gil Marín decidieron en 1995 "promocionar algunos caballos de su propiedad para que participasen en competiciones oficiales de hípica". Para ello contactaron con un jinete profesional amigo de Gil Marín, al que propusieron un contrato de esponsorización a cargo del municipio, que este aceptó. De esta manera, dice el fiscal, conseguirían gratis la promoción de su yeguada. El consistorio pagaría a cambio 42.000 euros al jinete por lucir en las mantas de los caballos el nombre de Marbella.

Sin embargo, la Fiscalía considera probado que los caballos Excalibur y Aureolo 89, cuyo patrocinio financió el Ayuntamiento de Marbella, carecían de licencia federativa y no llegaron a competir en ninguna prueba internacional en las que lucieran el logotipo de la ciudad. Además el contrato con el jinete fue negociado directamente por Miguel Angel Gil Marín, sin que el Ayuntamiento fuese informado del acuerdo ni el pleno autorizase el gasto. Después de que el municipio desembolsara el dinero, Julián Muñoz, entonces primer teniente de alcalde, y Modesto Perodía, gerente de Eventos 2000, no comprobaron si la publicidad se llegó a realizar.

Anticorrupción pide tres años de prisión para Gil, Julián Muñoz y Modesto Perodía por malversación de caudales públicos; y cuatro años de cárcel para Gil Marín y Juan Matute, por malversación y otorgamiento de contrato simulado.