Exteriorización
En 1995 se impuso a las empresas la obligación de trasladar la gestión de los compromisos por pensiones recogidos en convenio colectivo a un gestor externo, a través de un plan de pensiones o un seguro colectivo, prohibiéndose la posibilidad de que pudieran mantener la titularidad de los recursos constituidos. Para el cumplimiento de esta obligación se les dio un plazo de tiempo, que tras sucesivas prórrogas expiraba en el día de ayer.
Pero, a pesar de la sucesiva ampliación de los plazos, existen todavía muchas empresas que no han procedido a instrumentalizar la exteriorización de estas prestaciones. El problema se plantea fundamentalmente con las pyme y es acuciante respecto a los denominados premios de jubilación.
Los premios por jubilación consisten en una cantidad de dinero que la empresa se compromete a abonar al trabajador en el momento de su jubilación. La cuestión de si existe o no obligación de exteriorizar tales premios ha sido objeto de gran polémica. Al respecto, la Dirección General de Ordenación General de Seguros ha entendido que los premios de jubilación deben considerarse compromisos por pensiones y, por tanto, de obligada instrumentación, interpretación que ha sido muy contestada por parte empresarial, por el alto coste que su cumplimiento supone para las empresas, especialmente las más pequeñas.
De ahí que el Gobierno haya decidido prorrogar la obligación de externalizar tales compromisos. En este sentido, la Ley de Reforma del Sistema Financiero incluye una disposición por la cual se amplía hasta el 31 de diciembre del 2004 el plazo para la adaptación de los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores, si bien únicamente respecto a estos premios de jubilación, siempre que éstos vinieran establecidos en convenio de ámbito supraempresarial.
La finalidad de esta prórroga es conseguir la integración de tales compromisos en planes de pensiones de promoción conjunta. Para ello se prevé que la representación de las empresas y de los trabajadores pueda promover uno o varios planes de este tipo, a los que pueden incorporarse las empresas afectadas por el convenio colectivo en cuestión.
