El difícil acceso al Internet rural

Más de 200.000 hogares no disponen de Internet porque viven en zonas rurales apartadas que disponen de líneas de teléfono inalámbricas, sin capacidad para acceder a la red. El Gobierno ha propiciado la convocatoria de un concurso para subsanar esta carencia, que debe fallarse en diciembre, y que ya ha provocado la controversia por sus especiales condiciones.

Algunos consorcios temen que Telefónica declare desierto el concurso o se lo adjudique finalmente a su filial de móviles

Fueron los últimos en disponer de teléfono en la década de los noventa y van a ser los últimos también en poder acceder a Internet. Su pecado es residir en zonas rurales apartadas que, por su orografía o por la escasa densidad de población, no merecían una línea tradicional de cobre y Telefónica les buscó una solución intermedia, la denominada Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC), que funciona mediante antenas, de modo similar a la radio.

Sin embargo, esa tecnología, por su escasa capacidad (ancho de banda), no permite la conexión a Internet, ni siquiera a la velocidad de carreta de la línea de cobre. El Gobierno, siguiendo las directrices de la Unión Europea, prometió "Internet para todos" y lo incluyó en el servicio universal, es decir, en el conjunto de servicios a los que todos los ciudadanos tienen derecho, independientemente de su lugar de residencia o poder adquisitivo. Y aquí comienzan los problemas.

Aunque se dispone de varias tecnologías, la más adecuada parece ser la denominada LMDS, que mediante pequeñas antenas localizadas permite la recepción y transmisión de datos. Sin embargo, resulta que Telefónica de España, la propietaria del TRAC, no dispone de ninguna de las seis licencias de LMDS que adjudicó el Gobierno en marzo de 2000, por lo que se ha visto obligada a convocar un concurso público al que se han presentado cinco candidatos: cuatro empresas de LMDS (Neo-Skypoint, Iberbanda, Basa y Broadnet) y una de móviles (Telefónica Móviles).

Aunque nadie quiere pronunciarse oficialmente, el concurso nace envuelto en la controversia. En primer lugar, por el hecho de que sea Telefónica y no el Gobierno el que lo convoque, lo que ha despertado todas las suspicacias, acrecentadas por la candidatura de Telefónica Móviles, que decidió presentarse a última hora, y por el hecho de que Telefónica haya pedido presupuesto a los suministradores, cuando se supone que deberían haberlo hecho los concursantes.

Algunos de los consorcios aventuran que la verdadera pretensión de Telefónica de España es declarar desierto el concurso o, como mal menor, adjudicárselo a su empresa hermana de móviles. Tal es el temor, que representantes de los consorcios han mantenido varias reuniones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer llegar su preocupación.

En esa línea, llama la atención la advertencia de Telefónica de que "el criterio fundamental de selección contempla prioritariamente los costes de las diferentes opciones", es decir, el criterio económico.

Frente a este argumento, y pese a la cerrazón oficial tanto de Telefónica de España como la de Móviles a dar ningún detalle sobre el proceso, en fuentes de la compañía se destaca la escasa confianza que le merecen las ofertas presentadas, máxime cuando "algunas ni siquiera han presentado un mínimo estudio de costes y en la mayor parte de los casos las ofertas no garantizan la sustitución de todas las líneas TRAC a sustituir".

La confrontación subterránea es tal, que el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene la última palabra, se ha visto obligado a decir públicamente que, aunque no figure en las bases del concurso, el LMDS es la tecnología más apropiada.

Otros aspectos de este concurso que nadie se atreve a revelar es la inversión necesaria para cubrir todo el territorio y si realmente es rentable para los adjudicatarios. Las únicas cifras que se han aventurado es que serán precisos al menos 400 millones de euros de inversión, y que la UE, a través de los fondos FEDER, aportará más de 140 millones.

Broadnet opina que el "TRAC es en sí mismo un servicio deficitario", pero confía en la transparencia del concurso. El resto de los consorcios declinó contestar al cuestionario remitido por Negocios para comentar el concurso.