"El PP y Castillejo defienden intereses comunes con un pacto ilícito"

Esta semana estaba marcada en rojo en el calendario de Magdalena Álvarez (San Fernando, Cádiz, 1952). Pero su defensa de los Presupuestos en el Parlamento como consejera de Economía ha compartido protagonismo con la noticia sobre los 2,9 millones de euros que pagó Cajasur para contratar un seguro que garantiza de por vida a su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, una renta de unos 210.000 euros al año cuando deje la caja.

Pregunta. La póliza a favor de Castillejo, ha vuelto a rodear de polémica a Cajasur. El Gobierno impugnó ante el Constitucional en 2000 la Ley andaluza de Cajas, en defensa de la singular composición de los Órganos de gobierno de esta entidad, dominados por la Iglesia. Ahora, el PP en la Ley Financiera ofrece a Cajasur salir de la tutela de la Junta y pasar a depender del Ministerio de Economía.

"La última bala para tapar todo lo relativo a Cajasur es quitarle la competencia a la Junta""La Ley Financiera es un caballo de Troya para la privatización de las cajas de ahorros"

"Si está pasando algo anormal en Cajasur es bueno que los ciudadanos lo sepan"

"Las retribuciones a los consejeros de las cajas tienen que ser claras y transparentes"

Respuesta. Las peculiaridades de la Iglesia en Cajasur sólo son las que se establecen en la LORCA [Ley sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros], de 1985. Ahí se dice que se mantendrá lo establecido para los representantes que tuviera la Iglesia en los órganos de gobierno en cuanto a su designación y la duración de su mandato. Según los estatutos de Cajasur vigentes entonces, la Iglesia tenía seis representantes en la Asamblea y el máximo de mandatos de cuatro años al que podía optar el señor Castillejo [presiden-te desde 1977] eran dos, prorrogables a un tercero. Ese tratamiento específico es el que respetamos en la Ley andaluza de Cajas. Independientemente de la configuración de los órganos de gobierno que, por acuerdo interno, se haya aprobado en los nuevos estatutos de Cajasur, el derecho específico de la Iglesia es el que se establecía en los estatutos de la caja vigentes cuando se aprobó la LORCA.

P. Pero en la actual Asamblea de Cajasur, la Iglesia nombra a 56 consejeros. Y Castillejo lleva 25 años en la presidencia.

R. A ver si me explico. Mire, tras la fusión entre la caja fundada por la Diputación de Córdoba y Cajasur [1995] e incluso antes, pudo haber acuerdos internos de reparto, de modo que en los órganos de gobierno la Iglesia tenga mayor representación. Pero lo que nunca puede pasar es que por ley tenga derecho a esa representación, ya que el derecho específico de la Iglesia ya está incluido en la LORCA.

P. La Ley Financiera, promovida por el Gobierno, mantiene que los estatutos que reflejan la singularidad de la Iglesia son los actuales.

R. La Ley Financiera lo que hace es dar rango legal a una situación de hecho que no de derecho, ratifica la situación actual de Cajasur que no refleja los derechos que le reconoció la LORCA.

P. ¿Y no es válido dar cobertura legal a esa situación de hecho?

R. En la opinión de la Junta, la Ley Financiera invade y anula. Invade una competencia que se transfirió a las comunidades autónomas hace muchos años. Y anula y modifica la LORCA, porque los estatutos que reconocían el derecho a la Iglesia, son los estatutos de antes de la entrada en vigor de la LORCA, no los de después.

P. Usted cree que lo dispuesto en la Ley Financiera se debe a un pacto entre el PP y Castillejo.

R. Estoy convencida.

P. ¿En qué se basa?

R. Están defendiéndose mutuamente por intereses comunes, con un pacto ilícito. Es una estrategia de ambas partes, del señor Castillejo y del PP.

P. La Junta anuncia ahora un recurso contra la Ley Financiera en el Constitucional, cuando el Tribunal aún no se ha pronunciado sobre la impugnación del Gobierno a la Ley andaluza de Cajas.

R. Es una falta de respeto al Tribunal Constitucional que regulen por ley una cuestión que está siendo analizada en el seno del Constitucional, pero es un punto más de la estrategia del PP de entorpecer la aplicación de la Ley autonómica. Primero intentaron una ley distinta, después llamaron a las cajas al incumplimiento, a la insumisión. Decían que las cajas no podían adoptar sus estatutos a la ley autonómica porque la Consejería no había desarrollado el reglamento de la ley. Eso era mentira: la Ley Financiera obliga a una nueva adaptación de estatutos y esa adaptación va a hacerse sin reglamento. Ahora, para tapar todo lo relativo a Cajasur utilizan la última bala, el Gobierno hace la barbaridad más grande, que es quitarle la competencia a la autonomía.

P. En cualquier caso, la Ley Financiera obliga a un nuevo proceso electoral en las cajas, apenas dos años después de su adaptación a la ley autonómica.

R. Lo primero que tenemos que hacer es adaptar la Ley de Cajas autonómica a la Ley financiera. Luego, las cajas tendrán que adaptar sus estatutos, después tendrán que volver a abrir todos los procesos electorales y tendremos también que aprobar un nuevo reglamento. Es una vuelta a empezar, un despropósito. Lo que buscan es desestabilizar a las cajas. ¿Por qué?, porque buscan un camino, que es privatizarlas. La estrategia del PP en muchos casos es de tierra quemada.

P. ¿Por qué cree que la Ley Financiera abre ese camino a la privatización de las cajas?

R. Primero, estoy totalmente en desacuerdo con la reducción de la representación pública hasta el 50% en los órganos de gobierno, porque en unas cajas que son públicas y de los ciudadanos, la mejor representación es la democrática y por lo tanto la de aquellos que los ciudadanos han elegido a través del voto. Los impositores son clientes de las cajas, no son los dueños de las cajas, pueden tener una representación como clientes, pero no pueden tener una representación como propietario de las cajas. Ése es un camino abierto para que poco a poco las cajas vayan privatizándose, que es la única finalidad que tiene el PP. Y eso pone en peligro a todas las cajas, porque en todos los países europeos en los que se han privatizado las cajas han desaparecido. No tiene sentido que se modifique su forma de funcionamiento, tienen una eficiencia en su gestión mayor que los bancos. Reducir la representación pública al 50% y lo de las cuotas participativas en un caballo de Troya para la privatización.

P. ¿No cree suficientes los límites establecidos a esas cuotas participativas?

R. Es un caballo de Troya. La Ley Financiera permite que el 50% del patrimonio de la caja esté formado por participaciones a través de cuotas participativas. Permite que un solo cuota-partícipe tenga el 5%, luego con diez cuota-partícipes se puede tener el 50% de la caja y lógicamente serán las personas de mayor nivel de renta, habitualmente vinculadas a la derecha. Y también permite que el sindicato de cuota-partícipes tenga voz en el Consejo, de tal manera que el peso del 50% se come la caja.

P. Pero no tienen derecho de voto, no influyen en las decisiones.

R. Ese será el siguiente paso. Primero metes los cuota-partícipes. Después, cuando seas el dueño porque has pagado el 50% de una caja, ¿no vas a tener derechos políticos? Eso no se lo cree nadie.

Pregunta. Cajasur defiende que la póliza a favor de su presidente, Miguel Castillejo, por la que pagó 2,9 millones de euros, es un complemento de pensión que compensa sus años de dedicación a la caja.

Respuesta. Los servicios jurídicos han considerado que es aplicable lo dispuesto en nuestra Ley de Caja y que, por lo tanto esa póliza no debió haber sido suscrita por la caja a favor del presidente para que obtenga una indemnización cuando cese en su cargo. Ahora habrá que esperar al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente

P. Varios consejeros aseguran que no conocieron que se iba a realizar ese pago.

R. Eso podía ser un incumplimiento, aunque nosotros ese aspecto aún no lo hemos investigado.

P. La caja admite que la cuantía y condiciones de la póliza no pasaron por los órganos de gobierno pero alega que en un Consejo se aprobó reconocer los "derechos pasivos" de Castillejo y que eso es suficiente. ¿Cuál es su opinión?

R. Lo que es suficiente es la aplicación del procedimiento legal establecido. Exactamente eso. Si los miembros del consejo no han tenido conocimiento por la forma de proceder de la caja, está claro que no se ha aplicado el procedimiento. El Consejo debe pronunciarse con conocimiento de causa de los hechos sobre los que decide.

P. ¿Cuándo supo la Consejería de la existencia de la póliza?

R. La Consejería tuvo conocimiento de la póliza por los medios de comunicación. Cuando se publica que hay tal póliza es cuando nosotros la solicitamos. En estas semanas había una inspección en la caja, que había tenido conocimiento de ese contrato, pero no la Consejería, porque la inspección está actuando y la Consejería sólo debe conocer sus resultados cuando acabe.

P. ¿Cuál fue el motivo por el que tardaron más de una semana en conseguir esa póliza?

R. Nosotros conocemos de la póliza por los medios de comunicación y pedimos que nos confirmen esta noticia en Cajasur. La caja contesta a través de un medio de comunicación que ya nos la ha remitido por correo certificado, lo que no es cierto, y a otro le comenta que como ya se la habían dado a la inspección, no tenían que darnosla. Eso tampoco es cierto: la inspección trabajó sobre esa póliza, tomó datos, pero el documento no le fue entregado. Entonces, le requerimos a la caja que entregue la póliza a la inspección y se la dan el viernes pasado, a las siete de la tarde. Sobre ese documento es sobre el que está hecho el informe de los servicios jurídicos, en el que se establece que dicha prestación patrimonial puede entenderse vedada por el ordenamiento vigente.

P. ¿Usted cree que las cajas pueden pagar pólizas para completar las pensiones de sus presidentes?

R. En las empresas privadas pueden tomar las decisiones autónomas que consideren conveniente en cuanto a la retribución de las personas que están trabajando en ella. En las empresas que tienen un carácter social y público y que tienen una regulación específica y especial, lo primero que nos tenemos que atener es a la Ley. Luego, yo creo francamente que las retribuciones tienen que ser claras y transparentes. En cuanto a las adicionalidades que pueda hacer la caja, desde el punto de vista ético me parece al menos reprobable que se gasten 500 millones de pesetas para garantizar una retribución a una persona después de lo que haya podido ganar durante 25 años. Es que no veo que el trabajo de presidente de una caja sea un trabajo de entrega, es un trabajo retribuido como cualquier otro.

P. ¿Qué similitudes hay entre la póliza de Castillejo y el acuerdo al que se llegó en el Consejo de Administración de Unicaja?

R. Tendríamos que comparar el acuerdo de Unicaja con el acuerdo de Cajasur y la gran diferencia es que el acuerdo de Cajasur no ha existido, o al menos es opaco porque los propios consejeros que tomaron el acuerdo no tienen conocimiento de haberlo tomado, algo que no ocurre en Unicaja. El siguiente paso sería comparar las pólizas: Unicaja no ha suscrito ninguna y Cajasur sí. La de Cajasur es ilegal y Unicaja, antes de suscribirla se ha comprometido a ponerla en nuestro conocimiento y por lo tanto tendremos en ese momento opinión.

P. Ahora se proponen modificar la Ley andaluza de Cajas para aclarar el régimen de retribuciones de los consejeros.

R. Yo creo que todo lo que sea aclarar, desarrollar y establecer cautelas para que no ocurran situaciones que incluso levanten escándalo público, esa desproporción en cuanto a la retribución y sobre todo la opacidad con la que se ha hecho en Cajasur, creo que justifica que se intente hacer un esfuerzo por darle a las cajas mayor transparencia. La Ley de Cajas nació fruto de mucha polémica y de muchas tensiones y por lo tanto yo creo que es manifiestamente mejorable en muchos aspectos.

P. Esa regulación ¿incluirá criterios para fijar los sueldos de los presidentes ejecutivos?

R. Yo creo que a ese nivel no es necesario. Hay que establecer condiciones de transparencia y la regulación se establece cuando la opinión publica conoce lo que pasa.

P. ¿Le preocupa que el sistema financiero andaluz, por una razón u otra, haya generado tanta polémica en los últimos cuatro años?

R. Sí. Si se traslada esa idea es errónea, a mí me gustaría que no estuviera en los medios de comunicación. Ahora no me importa que si pasa algo en las cajas de ahorro lo sepan los ciudadanos, que es una diferencia. Insisto, me gustaría que no pasara nada, pero creo que eso es lo bueno que tiene la democracia y la libertad de expresión, al final el ciudadano tiene que saber qué está pasando con su dinero. Lo que quisiera que no pasara nada que fuera anormal en el sistema financiero, pero tanto lo que pasaba con Caja San Fernando y El Monte en la etapa anterior, en la que no llevaban a cabo los procesos electorales, como ahora en Cajasur, estamos hablando de ilegalidades. Ojalá no pasara nada en Cajasur pero si pasa creo que es bueno que los ciudadanos sepan lo que está pasando.

P. Cuando el PP la señala como instigadora de una "cacería política" contra Cajasur, ¿qué piensa?

R. Bueno, yo creo que eso también es un planteamiento de los medios de comunicación afines al PP y del PP para descalificar una labor de gobierno. Tanto en Cajasur como en cualquier otra caja y desde el principio la Consejería, y yo misma por supuesto, lo único que estamos tratando es que aplique la legislación vigente. Hay una ley y hay un reglamento y hay unos estatutos y esos tienen que ser respetado, y si el PP pierde por los votos en el Parlamento no puede intentar aplicar una norma distinta simplemente por la presión que haga a través de los medios de comunicación. Para mí todas las cajas son iguales, y si una incumple cualquier norma, mi responsabilidad es que rectifiquen esa conducta y mientras yo sea consejera desde luego voy a seguir teniendo la misma actitud. En el Estado de Derecho todos nos relacionamos a través de normas y deben aplicarse exactamente igual sea a quien sea, sea lo poderoso que sea o tenga el dinero que tenga.