Inflación, 4; Gobierno, 0

A golpes de realidad, parece que el Gobierno va aceptando que la inflación es el talón de Aquiles de la economía española, porque hace perder poder adquisitivo a los ciudadanos, capacidad competitiva a las empresas y porque es el impuesto más injusto y que más ha subido en los últimos años.

Desde diciembre de 2000, los socialistas venimos demandando del Gobierno del Partido Popular un plan de lucha contra la inflación. La última vez lo hicimos el pasado 13 de octubre, cuando propusimos algunas medidas que fueron descalificadas por el presidente del Gobierno, José María Aznar, cada vez más contento con escucharse sólo a sí mismo, tal vez para no oír los ruidos de la sucesión.

Hasta ahora, el Gobierno ha seguido su guión para los errores: empezar por negar los problemas cuando ya resulta imposible buscar un culpable ajeno y luego publicitar un plan sin ánimo de cumplirlo. Durante dos años ha menospreciado las críticas de los empresarios, los sindicatos y los expertos respecto a los peligros de tener una de las inflaciones más altas de la zona euro. Incluso llegó a decir que era el precio a pagar por nuestro elevado crecimiento y creación de empleo.

El problema es que la inflación española sigue elevada mientras aumenta el paro y el crecimiento de la economía es débil. Hoy estamos en el 4%, sin elementos serios que permitan pensar que el problema es momentáneo y con dos incertidumbres que más bien hacen pensar lo contrario: una eventual guerra contra Irak y una previsible bajada de los tipos de interés en Europa.

Antes de tener un diagnóstico adecuado de nuestra fatal atracción por la inflación, ya se ha señalado a dos culpables: los canales de distribución comercial y las cláusulas de revisión salarial. Respecto a lo primero, conviene recordar que el Gobierno ya dijo haber resuelto este problema con las medidas adoptadas en junio de 2000. Por tanto, si sigue generando tensiones, será porque sus reformas han fracasado. Porque, como en el suelo, fueron liberalizaciones de cartón piedra.

Por otro lado, lo preocupante de las cláusulas de revisión salarial no es que existan, sino que se tengan que aplicar. La responsabilidad de ello no es de quien se protege frente a un incumplimiento, sino de quien incumple con sus objetivos de inflación. En todo caso, hace falta mucha ligereza para responsabilizar a los salarios de nuestros problemas inflacionistas negándose a ver lo obvio: el fracaso de toda una política económica que no ha sido capaz de controlar los márgenes de beneficios en aquellas actividades ajenas a la competencia, aunque hayan sido formalmente liberalizadas, y el impacto inflacionista de medidas del Gobierno como las subidas de impuestos y tasas, así como de precios públicos o regulados. Cuando se anuncia un Plan contra la inflación casi a la vez que subidas en las tarifas eléctricas o de telecomunicaciones, la credibilidad de un Gobierno que sigue yendo por detrás de los problemas con soluciones de escaparate cae muchos enteros.

Bueno sería que empezase por reconocer sus errores y aceptar algunas de las sugerencias y propuestas que se le hacen desde distintos ámbitos. Bueno sería que escuchase algunas de las propuestas que los socialistas venimos haciendo desde hace años para luchar contra la inflación. Por ejemplo, bajar los impuestos y tasas que han incrementado, aplazar las subidas en tarifas eléctricas y de telecomunicaciones, impulsar en serio una política y unos instrumentos para la defensa de la competencia, aplicar un IVA superreducido en la provisión de bienes básicos para los ciudadanos como vivienda de promoción pública, agua, luz, teléfono y gas, adoptar medidas para evitar la especulación inmobiliaria incluyendo un impuesto especial a las empresas que obtienen beneficios extraordinarios especulando con el suelo, etcétera.

Cuando el PSOE llegó al Gobierno, hace ya 20 años, la inflación estaba en el 14% y la dejó en el 3,4% en 1996. El PP la recogió en ese 3,4% y bajando, pero la ha situado ya en el 4% en este año. Si tenemos en cuenta que además ahora estamos en el euro, es un logro del PSOE que merece reflexión y rectificación por parte del Gobierno del PP. De lo contrario, perderemos todos.

Jordi Sevilla es responsable de Economía del PSOE.