Los expedientados por la Hispalense tachan de irregular el proceso disciplinario

El proceso disciplinario que la Universidad de Sevilla emprendió hace 10 meses contra cinco de los participantes en el asalto al rectorado el pasado ocho de febrero toca a su fin. Desde el miércoles, el rector de la Hispalense, Miguel Florencio, cuenta con las alegaciones que los cinco universitarios expedientados han presentado contra el informe del instructor del caso, el catedrático de Derecho Romano Fernando Betancourt, en el que se propone al rector que aplique como sanción la expulsión perpetua de estos alumnos basándose en lo recogido en el Reglamento de Disciplina Académica de 1954.

En sus alegaciones, los expedientados denuncian que el proceso de instrucción del caso ha estado salpicado desde su inicio de irregularidades que lo desvirtúan, hecho por el que solicitaron, sin éxito, que se archivase el caso.

Entre estas irregularidades, los estudiantes resaltan la arbitrariedad seguida en el cumplimiento de los plazos procesales, pues alegan que, según la ley 30/92, norma que regula los procedimientos administrativos, la resolución del expediente debería haberse ejecutado en los seis meses posteriores al inicio del proceso. Éste comenzó el 11 de febrero cuando se les notificó la suspensión cautelar de sus derechos como estudiantes y se nombró al instructor del caso. En sus alegaciones advierten de que el plazo expiró en agosto.

Indefensión

Otra de las irregularidades que denuncian los estudiantes es la situación de indefensión que han padecido en determinados trámites del proceso debido a la aplicación del reglamento disciplinario de 1954, vigente sólo para el alumnado. En concreto, los expedientados resaltan que el artículo 14 de este reglamento, que establece la determinación de los hechos, no permite a la defensa la proposición de pruebas ni la participación en las mismas.

Además, los universitarios señalan en sus alegaciones que en esta parte del proceso también se incumplieron las fechas establecidas, dado que el instructor debería haber elevado su resolución al rector en un plazo de tres días tras cumplir con el trámite de mostrar las pruebas a los imputados, algo que, aseguran, no se cumplió, dado que el instructor los citó para la revisión de las pruebas el día uno de octubre y, sin embargo, elevó su resolución sobre el expediente al rector el 20 de octubre.

Por último, los estudiantes recusan al rector de Sevilla al considerar que no es la persona idónea para emitir un juicio objetivo sobre este asunto por ser juez y parte. Los expedientados recuerdan en sus alegaciones que la Universidad de Sevilla se presentó como acusación particular en el proceso penal abierto a raíz del asalto al rectorado. En este sentido, el rector de la Hispalense afirmó que no delegaría en ninguna persona de su equipo de gobierno y que sería él quien decidiese en última instancia.