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El PSOE rechaza el pacto de Arenas sobre la función pública y ofrece su propia alternativa

Los socialistas proponen un plan con 52 medidas que recoge la reforma del CIS

Luis R. Aizpeolea

El PSOE rechaza la oferta del Gobierno para negociar un pacto sobre la reforma de la Administración Pública con la participación de partidos, sindicatos, comunidades y municipios y ofrece su propia alternativa con 52 medidas. El portavoz socialista en la Comisión de Administraciones Públicas, Ángel Martínez Sanjuán, mantiene que 'el PSOE no puede hacerse cómplice del fracaso del Gobierno en su política sobre la función pública' y apunta que 'es incoherente que el Gobierno ofrezca un pacto tras sacar en solitario la financiación municipal y a seis meses de las elecciones'.

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Los socialistas creen que el Gobierno 'debe poner en práctica las propuestas anunciadas por el Ministerio de Administraciones Públicas', como evitar duplicidades entre las tres administraciones -central, autonómica y municipal-, el impulso de nuevas tecnologías en la Administración central o la extensión de las ventanillas únicas.

Pero el PSOE anuncia su propia alternativa, recogida en 52 medidas que afectan a epígrafes variados como el acercamiento de la Administración a la ciudadanía, reforzamiento de las garantías de la calidad de los servicios públicos, erradicación de colas y papeleo, régimen de incompatibilidades y aumento de la productividad de los funcionarios. Algunas de estas medidas fueron anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero en el debate presupuestario. Entre las inéditas figuran las siguientes:

- Reforma del CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas pivotará sobre la neutralidad y la transparencia de las encuestas periódicas -'actualmente está sometido a un progresivo desprestigio y a una interminable pendiente de manipulación y cocina al servicio del Gobierno y del PP'- y se encaminará al conocimiento sistemático y el grado de satisfacción de las personas usuarias de los diferentes servicios públicos. También se compromete a garantizar la publicidad y perioricidad de los trabajos realizados por el CIS, especialmente las encuestas políticas.

- Rediseño de los servicios públicos. Adecuación de la red de servicios públicos a las necesidades ciudadanas, con la introducción de auditorías. La seguridad ciudadana, la educación y la sanidad serán los primeros servicios objeto de la revisión con participación ciudadana.

- Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. Será creada para evaluar la calidad de los servicios públicos y la eficiencia de los programas y ejecución de presupuestos a través de un sistema normalizado de auditoría con participación de los usuarios. La pretensión es extenderlo a autonomías y municipios.

- Incumplimiento de compromisos. En base al artículo 106 de la Constitución, el PSOE propone la reforma de la legislación vigente para garantizar que todas las organizaciones administrativas que presten servicios a la ciudadanía elaboren y publiquen su Carta de Servicios y establezcan un sistema de compensaciones a los usuarios por incumplimiento de sus compromisos de calidad.

- Acercamiento a la ciudadanía. Creación de las Oficinas de Comunicación con los ciudadanos en los municipios con más de 50.000 habitantes, instaurar la figura del asesor en todas las áreas de la Administración para asistir a los usuarios, implantación en la red del servicio Hable con la Administración y constitución de mesas de debate con la sociedad, de perioricidad trimestral.

- Reforma de la Agencia de Protección de Datos. Esta medida está encaminada a garantizar el derecho a la intimidad y al honor y el secreto de las comunicaciones de los ciudadanos que puedan verse afectados por la integración de las nuevas tecnologías en la actuación administrativa.

- Estatuto de derechos y deberes del funcionariado. El PSOE pretende liderar el diálogo entre el Estado y las autonomías para elaborar un estatuto de los empleados públicos que establezca los derechos profesionales y los deberes de todos ellos. Esta regulación básica deberá ser respetada en los estatutos reguladores de la función pública adoptados en cada ámbito territorial o sectorial.

- Modificación de la Ley de Clases Pasivas. La pretensión del PSOE es reformar el cálculo de las pensiones de los funcionarios que han prestado sus servicios en varios cuerpos de la Administración.

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