Arenas plantea un 'Pacto de Toledo de la función pública'

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, pretende negociar un pacto de Estado con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los sindicatos y los partidos para reformar y simplificar la Administración. Una especie de 'Pacto de Toledo de la función pública española', dijo el ministro en referencia al acuerdo para garantizar el sistema de pensiones que suscribieron el Gobierno y los partidos en 1995 y al que se sumaron un año más tarde los sindicatos. Arenas trata de materializar el nuevo acuerdo en el plazo de un año, en una subcomisión específica del Congreso que contaría con el apoyo de una comisión de expertos.

El Gobierno pretende que una subcomisión del Congreso pacte la reforma en un año

El enorme proceso descentralizador que ha experimentado la Administración española, ya 'prácticamente culminado' desde enero de este año, según el Gobierno, con el traspaso de la sanidad a las comunidades autónomas y con la transferencia de competencias hacia la Unión Europea, obliga al Ejecutivo central a racionalizar las diferentes Administraciones y a tratar de acordar el proceso con las mismas.

En este momento, las comunidades autónomas superan en gasto y empleados públicos a la Administración General del Estado (ver cuadro) y, por otro lado, ante las Administraciones públicas se han producido demandas sociales emergentes procedentes de la inmigración, de la asistencia a la tercera edad, de la seguridad ciudadana, del medio ambiente o de los compromisos internacionales de España.

El Consejo de Ministros, a la vista de los nuevos retos, aprobó el pasado 26 de abril un acuerdo para adaptar la Administración General del Estado a las nuevas demandas, y constituyó un Grupo de Seguimiento, presidido por el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, cuyo objetivo es proponer medidas precisas de reforma de la Administración.

El Grupo de Seguimiento continúa sus tareas y todo apunta a un diagnóstico en el que se propondrá la potenciación de los departamentos sociales de la Administración -inmigración, lucha contra la violencia doméstica...- así como los de seguridad y defensa, y con ello, de los empleados públicos. Pero el Ejecutivo ha comprendido que una mera reforma de la Administración General del Estado es insuficiente para afrontar los nuevos retos. Necesita contar con todas las Administraciones públicas y buscar su cooperación. De ahí que trate de pactar con las comunidades autónomas, los municipios, los sindicatos de la función pública y con los partidos políticos, preferentemente con el PSOE, partido que gobierna en seis de las 17 autonomías y en numerosos municipios.

Arenas fija, al menos, cinco objetivos concretos en este proceso de reforma que trata de concertar: Evitar las duplicidades administrativas entre autonomías, municipios y Administración central, duplicidades que se manifiestan especialmente en el área de los servicios sociales; que las Administraciones públicas no demanden a los ciudadanos documentos de los que ya dispone cualquier Administración; impulsar las nuevas tecnologías para simplificar las tareas, sobre todo en la Administración central, que sólo tiene cubiertas poco más de la mitad de sus necesidades de ordenadores; extender la ventanilla única de las Administraciones desde el área empresarial, donde ya funciona, a todas las áreas posibles, y, en el terreno de los empleados públicos, promover su movilidad entre Administraciones, así como la reducción de la temporalidad, muy alta en algunas comunidades autónomas, según el Gobierno.

El Pacto de Estado que propone Arenas quiere asimilarlo a una especie de 'Pacto de Toledo de la función pública'. Cuenta, en este sentido, con incluir en él el Estatuto de la Función Pública, pactado por los ministros Mariano Rajoy y Ángel Acebes con los sindicatos al final de la pasada legislatura, pero posteriormente congelado y pendiente de tramitación parlamentaria. Dicho estatuto concede a los sindicatos amplias atribuciones en materia de negociación colectiva en la Administración.

En cuanto a la reforma de la Administración General del Estado, el Grupo de Seguimiento integrado por representantes de los ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda, y supervisado por el vicepresidente primero del Gobierno, ya ha terminado las auditorías correspondientes a los ministerios de Agricultura y Exteriores, y se encuentran muy avanzadas las de Sanidad y Consumo e Interior. El Gobierno mantiene su compromiso de contar en los próximos meses con un informe completo que le servirá de base para la reforma de la Administración General del Estado e incluso para el nuevo diseño de los ministerios de futuros Gabinetes del PP en el caso de una nueva victoria de los populares.

La comisión de expertos que asesorará a la subcomisión del Congreso de los Diputados se creará en el marco del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y tendrá un carácter plural, según el Gobierno.