El aparejador de La Vall culpa al concejal del estado de la barrera que tumbó un toro

La primera sesión del juicio al concejal de Fiestas de La Vall d'Uixó, Javier Paulo, el aparejador del municipio, Manuel Diago, y el presidente de la juntas de fiestas, Ángel Luengo, por la muerte de un hombre al derribar un toro una barrera, se saldó ayer con un cruce de acusaciones, principalmente entre los dos primeros. El aparejador municipal, Manuel Diago, encargado de revisar el recinto en el que se celebran los espectáculos taurinos, señaló al concejal Javier Paulo como responsable de la celebración del acto en el que, en julio de 1997, perdió la vida Julián Martínez, de 68 años de edad. El aparejador sostuvo, en su declaración ante el juez, que revisó, una hora antes de iniciarse el festejo, el medio centenar de barreras que delimitaban el espacio en el que había de celebrarse el bou per la vila. Durante esta inspección, según aseguró ayer, encontró multitud de deficiencias y anomalías que comunicó al edil responsable de Fiestas que, sin embargo, autorizó la celebración del acto.

Por su parte, el concejal, Javier Paulo, manifestó que la única indicación que le trasladó el aparejador fue la de la falta de un travesaño en una de las barreras, deficiencia que, tal como mantuvo el edil, se solventó de inmediato, antes de iniciarse el espectáculo. Mientras, el presidente de la junta de fiestas, Ángel Luengo, indicó que él únicamente obedeció órdenes del concejal, que fue quien autorizó la celebración del festejo.

El 17 de julio de 1997, un toro llamado Baldoso arremetió contra una de las barreras que protegían las calles de La Vall d'Uixó durante la celebración de las fiestas de Santiago Apóstol del barrio de Toledo. El astado derribó la barrera con la que aplastó a Julián Martínez, que murió. El fallecido estaba fuera del recinto destinado al toro.

Por ello, el fiscal solicita dos años y un día de prisión por imprudencia grave para el concejal de fiestas Javier Paulo, el aparejador, Manuel Diago, y el presidente de la comisión festiva, Ángel Luengo. Además, considera al Ayuntamiento responsable civil subsidiario. Por su parte, la acusación reclama también más de 450.000 euros (76 millones de pesetas) para los cinco heridos más graves y la familia de la víctima mortal. El letrado de los afectados manifestó ayer que éstos sólo buscan 'depurar responsabilidades' ya que, según dijo, se produjo un cúmulo de negligencias y no se contó con una prudencia mínima para la celebración del festejo.