El SOC denuncia que el Ejecutivo central les presiona con sanciones por movilizarse a favor del subsidio agrario
El Sindicato Obreros del Campo (SOC) denunció ayer ser víctima del hostigamiento del Partido Popular a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía que, según el sindicato, les impone multas por manifestarse a favor del mantenimiento del subsidio agrario.
El secretario general del SOC, Diego Cañamero, aseguró que dirigentes y afiliados de dicho sindicato han sido sancionados por la Delegación del Gobierno con multas de hasta 3.000 euros. Cañamero calificó las sanciones de 'represión'. 'El PP quiere ahogarnos económicamente para que dejemos de manifestarnos', dijo. El SOC anunció ayer un nuevo calendario de movilizaciones que incluye sumarse a la manifestación convocada por UGT y CC OO en Sevilla el próximo 1 de diciembre.
El SOC destacó ayer una multa de 3.000 euros impuesta a la dirigente sindical María José Bueno por realizar una manifestación en un lugar diferente al solicitado y una multa, de igual cuantía, al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por organizar la ocupación de las pistas del aeropuerto de Sevilla.
Para Cañamero, con estas multas 'están condenando con actitudes antidemocráticas, ronzando la ilegalidad, condenando a todo el que se asoma a una manifestación, en algún corte de carretera o acto' organizado por el SOC.
Represión
Según el sindicato, también han sido sancionados afiliados 'que ni siquieran estaban en las movilizaciones'.
Cañamero consideró qué estas multas obedecen a un intento de 'represión, para que el sindicato deje de luchar. Lo que está intentando el PP es ahogarnos económicamente'. No obstante, el dirigente sindical advirtió: 'Aunque nos pongan todas las multas que quieran, no vamos a parar ni un instante de movilizarnos para que se nos respete ese derecho que tenemos los trabajadores y que es fundamental para nuestros pueblos'.
Las sanciones las abrió el anterior delegado del Gobierno José Torres Hurtado y, sin embargo, UGT y CC OO, no se han visto afectados por sanciones similares a las del SOC.
Según los cálculos de esta última organización, desde que entró en vigor el decretazo, el pasado 24 de mayo, ya son 10.000 las solicitudes rechazadas por el Gobierno para cobrar el subsidio agrario.
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