Portugal-España: el 'Manifiesto de los 40'

CASI INADVERTIDO EN ESPAÑA, el Manifiesto de los 40 ha desatado una importante polémica en Portugal. Hace escasas semanas, un grupo de empresarios portugueses fue recibido por el presidente de la República, Jorge Sampaio, a quien entregaron un documento con 40 firmas de distintas personalidades públicas en el que se transmite la alarma contra la creciente presencia de empresas españolas en la economía portuguesa.

La comparecencia cada vez más numerosa de sociedades españolas en el mercado portugués, con el ánimo de aumentar su cuota de mercado, ya había causado en el pasado protestas de los sectores más proteccionistas del empresariado portugués. La diferencia entre esta ocasión y las anteriores es la coyuntura. Portugal ha superado los límites de déficit público (está por encima del 4%) que establece el Plan de Estabilidad y Crecimiento de los países del euro, y ha decidido acelerar la política de privatizaciones para ingresar dinero público y equilibrar las cuentas presupuestarias. Los lusos sufren la misma contradicción que Francia: han de incrementar los ingresos -o reducir los gastos-, pero, al mismo tiempo, ésta no es la mejor coyuntura para privatizar, con unos mercados claramente a la baja.

Un grupo de 40 personalidades se ha dirigido al presidente portugués alertando contra el control de su economía por empresas españolas. Temen que España se aproveche de las dificultades e inunde el mercado vecino

En el documento en cuestión, los firmantes piden una estrategia conjunta entre las autoridades políticas, intelectuales y empresarios para que no sea sólo el componente económico el que dicte las decisiones en las privatizaciones. Asunto muy difícil por cuanto ahora más que nunca Portugal lo que busca es enjugar el déficit y evitar ser el alumno más retrasado en el club del euro en cuanto a los equilibrios presupuestarios.

A las relaciones económicas entre España y Portugal y a desactivar este ambiente entre presuntos conquistadores y presuntos conquistados se dedicó el seminario celebrado la pasada semana en Mérida, organizado por la sociedad Ágora y la Junta de Extremadura. Allí se expresaron los dos puntos de vista. Los de empresarios españoles que opinan que la alarma creada en Portugal es artificial (la revista Exame titulaba la portada de su número de octubre 'Cómo frenar la ofensiva española'), y que España ocupa el sexto lugar de los inversores extranjeros tras el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Y los de los emprendedores portugueses que afirman que España vende a Portugal más que a toda América Latina y más que a EE UU. El número de empresas españolas en Portugal supera las 3.000, en sectores estratégicos como banca, seguros, alimentación, distribución, construcción, ropa..., mientras que las sociedades portuguesas en España no llegan a los tres centenares, en sectores casi siempre menos centrales (madera, cementos, vidrio, etcétera).

Es curioso que cada una de las partes acuse a los políticos de la otra de proteccionismo. El caso de Electricidad de Portugal, que quiere estar en condiciones normales en empresas españolas (en Hidrocantábrico, por ejemplo) se homologa -aunque no sea lo mismo- a las quejas de los españoles, que esgrimen, entre otras, las dificultades que hubo de superar el SCH cuando quiso hacerse con el grupo Champalimaud. Para resolver estas reticencias están las cumbres hispano-lusas, pero los problemas siguen subsistiendo. Ahora no hay acuerdo para el trazado del tren de alta velocidad Madrid-Lisboa, y el mercado ibérico de electricidad ha retrasado su operatividad hasta el año 2006.

Los empresarios expresaron una fórmula para limitar las renuencias nacionalistas: buscar un cruce de participaciones o alianzas estratégicas entre las compañías de ambos lugares para abordar el mercado ibérico de forma más eficiente, e incluso para desembocar en otros países, como hicieron Telefónica y Portugal Telecom en Brasil. Una pega: creen que el Gobierno de Durao Barroso es más sensible a quienes protestan de que la economía portuguesa pase a ser controlada desde Madrid, que los socialistas del anterior Gobierno.