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ANÁLISIS
Columna
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Inquilinos en el cuartel

NO CABE REGATEAR MÉRITOS al director general de la Guardia Civil por su decisión de remover los obstáculos reglamentarios necesarios para que pueda prosperar -si se dan las restantes condiciones exigidas- la petición de un agente homosexual, destinado en un pueblo mallorquín, que aspira a ocupar una vivienda en la casa cuartel con su pareja de hecho, unión inscrita en el registro oficial balear. Si bien esa medida antidiscriminatoria -adoptada inmediatamente después de que los medios publicaran la noticia- se limita a obedecer un mandato constitucional, Santiago López Valdivielso hubiese podido demorar su aplicación mediante interpretaciones dilatorias o el envío del contencioso a los tribunales. La rápida actuación del director general de la Guardia Civil, que consultó con el ministro del Interior, pero no pidió su opinión a los mandos del instituto armado, debería ser tomada como ejemplo por el ministro de Defensa a la hora de solucionar conflictos semejantes en el ámbito castrense.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, ordena modificar el reglamento que impedía a los agentes vivir con su pareja de hecho del mismo sexo en una casa cuartel

Pese a ser un arcaico vestigio del pasado, las casas cuartel de la Guardia Civil siguen desempeñando una doble función como centro operativo y como alojamiento para sus efectivos. Cerca de la mitad de los agentes viven -con sus familias- en casi 3.000 edificios distribuidos por toda España, con un total de residentes que supera la cifra de 55.000 personas. Si la sociedad rural para cuya vigilancia, control y seguridad fue fundado el instituto armado a mediados del siglo XIX propiciaba esa forma de alojamiento, la carestía de la vivienda y la escasez de pisos de alquiler en las grandes aglomeraciones urbanas contemporáneas contribuyen al mantenimiento de la creación del duque de Ahumada.

Abstracción hecha de que la enmienda presupuestaria del PSOE para sufragar los alquileres de las viviendas sustitutorias de las casas cuartel difícilmente será aceptada por el Gobierno, la deseable materialización de alternativas inmobiliarias a la vez dignas y costeables para el alojamiento por su cuenta de más de 30.000 guardias civiles y de sus familias es una tarea de largo aliento que exigirá no sólo dinero, sino también tiempo. En cualquier caso, mientras sigan existiendo las casas cuartel, el acceso de los miembros del instituto armado a los pabellones de viviendas disponibles -la demanda excede con mucho a la oferta- deberá ser regulado según criterios equitativos; la exclusión de los homosexuales era una discriminación anticonstitucional, fruto de la pesada homofobia legada por la cultura machista del militarismo autoritario y por las condenas al fuego eterno de la jerarquía católica (tan inconsecuente, por lo demás, a la hora de aplicar su vara de medir dentro de la Iglesia). Por lo demás, uno de los obstáculos para combatir esa práctica discriminatoria había sido erigido por el Gobierno del PP el año 2000.

La orden dictada en 1994, bajo el mandato socialista, que recordaba el obvio derecho a residir en la casa cuartel del cónyuge del guardia civil adjudicatario reconocía la condición de tal a 'la persona unida al titular por una relación afectiva y estable análoga al matrimonio'. La posterior regularización por varias comunidades autónomas de las parejas de hecho, incluidas las uniones homosexuales, y la presión parlamentaria del PSOE a favor de una ley de las Cortes sobre la materia despertaron tal vez las fobias atávicas que Sigmund Freud diagnosticó en su día como proyección racionalizadora hacia los demás de los pánicos e inseguridades propios. Así, la orden de 24 de marzo de 2000 -dictada por Santiago López Valdivielso- intentó encerrar en el armario los resucitados fantasmas de la discriminación homófoba mediante el procedimiento de restringir al 'cónyuge o persona con la que se forme pareja heterosexual estable' el derecho a residir en la vivienda del agente beneficiario; en cualquier caso, la capacidad del actual director general de la Guardia Civil del PP para rectificar rápida y eficazmente su anterior paso equivocado es digna de elogio.

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