Polémica por la suspensión de unas oposiciones a la Diputación de Málaga

La suspensión de las oposiciones para 306 puestos de la Diputación, a las que se habían presentado casi 10.000 aspirantes, ha levantado una polémica en Málaga. El equipo de gobierno de la corporación justifica la decisión adoptada el martes en un informe de su asesoría jurídica que sostiene que las bases eran nulas de pleno derecho por primar el doble la experiencia de los interinos y no garantizar la igualdad de acceso a la función pública. Sin embargo, UGT y CC OO defienden la legalidad de la convocatoria y acusan de 'debilidad' al equipo de gobierno.

Las bases fueron consensuadas por los tres sindicatos representados en la Diputación -UGT, CC OO y CSIF- y aprobadas por unanimidad del pleno de la corporación. Después, la unión provincial de CSIF desautorizó a su sección sindical e impugnó la convocatoria. Además, se presentaron alegaciones de particulares. Ante estos recursos, el equipo de gobierno encargó un informe que es el que ahora le ha llevado a aplazar las oposiciones y remitir las bases al Consejo Consultivo de Andalucía para que se pronuncie sobre su legalidad.

La decisión fue calificada ayer de 'debilidad y cobardía' por dirigentes de CC OO. El secretario provincial, Francisco Gutiérrez, sostuvo que las bases se acogen 'escrupulosamente a la legalidad y respetan el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad'. El líder de la UGT malagueña, Esteban Delgado, también defendió el baremo y apuntó: 'No hay ningún clientelismo. Hay interinos de la época del PSOE y del PP. No hemos mirado temas partidistas, sino situaciones de precariedad. Algunos llevan años y hay que estabilizarlos de una vez'. De los 1.100 trabajadores de la Diputación, casi un tercio son interinos y algunos tienen una antigüedad de más de 10 años. Ambos sindicatos intentan restar importancia a que se prime a estos trabajadores con el argumento de que a los exámenes de la primera fase puede presentarse cualquier ciudadano, son eliminatorios y suponen el 65% de la puntuación.

Las afirmaciones del diputado de personal, Cristóbal Torreblanca, no allanan el camino. 'Sabíamos que no era correcto, pero se trataba de algo consensuado entre los partidos y los sindicatos y pensábamos que no iba a haber problemas. Nuestra idea era dejar fijos a los que han estado tantos años trabajando en esos puestos', dijo. Un portavoz de Diputación insistió ayer en la limpieza con que se ha actuado al destacar que 'fue el equipo de gobierno, de motu propio, el que en su día solicitó el informe y el que ahora paraliza las oposiciones y remite las bases al consejo consultivo para tener todas las garantías'.

Por su parte, CSIF justificó su cambio de postura en que 'no se puede mirar solo el interés de los interinos', sino que las bases estén bien hechas para que ningún juez las eche hacia atrás.