Medio Ambiente examinará 617 industrias andaluzas para que rebajen su impacto
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, explicó ayer en Sevilla que más de 600 industrias andaluzas tendrán que superar una 'reválida ambiental' para ajustarse a las exigencias de la Ley de Prevencion y Control Integrado (IPPC), que desarrolla una directiva comunitaria dirigida a rebajar el impacto ambiental de las actividades industriales.
La nueva legislación, aprobada en julio, convierte además a la Consejería de Medio Ambiente en el organismo competente para emitir la Autorización Ambiental Integrada, que será necesaria para abrir cualquier nueva actividad industrial. Este cambio simplificará bastante los trámites administrativos para las empresas, que dispondrán así de una especie de ventanilla única ambiental para tramitar todas las autorizaciones relacionadas con las garantías medioambientales que debe respetar su actividad.
La Administración autonómica dispondrá de un plazo de 10 meses para emitir la autorización, que también obligará a las empresas a incorporar las mejores técnicas disponibles para minimizar el impacto ambiental antes de recibir luz verde.
La norma (IPPC) está ya en vigor para las nuevas industrias o los proyectos de modificaciones de las ya existentes, mientras que da un plazo de adaptación a las demás hasta el 1 de enero de 2007. Las 617 empresas andaluzas afectadas representan el 69,5% de la producción de la Comunidad Autónoma y generan el 73,9% del empleo industrial, según la Junta.
Para facilitar el proceso de adaptación a esta normativa a las pequeñas y medianas empresas, la Consejería de Medio Ambiente está realizando desde 1999 un programa gratuito de inspecciones para evaluar su adaptación a la nueva ley. Además, la administración ambiental andaluza ha concedido hasta ahora 2,8 millones de euros en subvenciones y ayudas con deducciones fiscales.
A partir de 2003 se destinarán 1,8 millones de euores anuales hasta 2006. Los principales sectores industriales a los que afectará la autorización son el agroalimentario y las explotaciones animales, seguidas del mineral, la gestión de residuos y la industria química.
Fuensanta Coves explicó que ha propuesto a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) la creación de un centro de adaptación ambiental (de producción limpia) donde las empresas puedan resolver los problemas empresariales relacionados con el medio ambiente.
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