La comisión de investigación de Mercalicante arranca con el PP como juez y parte
Como un trámite
engorroso, pero controlado por su aplastante mayoría, afronta hoy el gobierno local de Alicante, del PP, la primera sesión de la comisión de investigación sobre el escándalo financiero detectado en Mercalicante, la empresa de capital público dedicada al abastecimiento agroalimentario que preside el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi.
La composición de la comisión de investigación -cinco concejales del PP, dos del PSPV, uno de Esquerra Unida y otro del Grupo Mixto- garantiza de antemano un dictamen favorable al grupo mayoritario, que actúa como juez y parte. El PP, a nivel nacional, autonómico, provincial y local, sostiene que no hay responsabilidad política en el quebranto económico detectado en la empresa, que alcanza los seis millones de euros. Del supuesto desfalco, los populares culpan a José Emilio Clavero, la persona que regentó la sociedad desde 1997 y que fue destituida el pasado mes de julio, y a los responsables de cuatro empresas que supuestamente dieron soporte a aquel para consumar la presunta apropiación indebida.
Vinculaciones
Tres de los concejales del PP adscritos a la comisión han mantenido una estrecha vinculación con la empresa que ahora se investiga. Juan Zaragoza es vicepresidente de la mercantil y miembro de su comisión ejecutiva. El ex gerente de Mercalicante, Emilio Clavero, ha declarado a la juez que Zaragoza estaba al tanto de la situación real de la empresa. Este concejal colocó a su hija en Mercalicante. José María Rodríguez Galant, también miembro del comité ejecutivo de la sociedad, fue el responsable de una comisión para implantar el mercado electrónico en Mercalicante. Una parte del agujero en la empresa proviene, supuestamente, de la nefasta gestión de ese proyecto informático, del que el edil popular se desmarca. Andrés Llorens, concejal de Fiestas, ha admitido que financió con fondos de Mercalicante una parte de los actos con los que el Ayuntamiento despidió el milenio.
La oposición municipal inicia la comisión con un planteamiento de base: la máxima responsabilidad de la ruina de la empresa es de su presidente y de su comisión ejecutiva. O lo que es lo mismo: del alcalde y de los otro cuatro miembros del comité ejecutivo, dos ediles de PP y dos consejeros de la mercantil estatal Mercasa. Igual que los populares ya tienen un veredicto antes de que se inicien las indagaciones, los socialistas han avanzado su dictamen: La actitud negligente de los cargos del PP que controlan Mercalicante ha llevado a la quiebra de la empresa. El único precedente de una comisión de investigación en Alicante se remonta al gobierno que presidió el socialista Ángel Luna entre 1991 y 1995. Luna cedió la presidencia al PP, entonces en la oposición.
