El Consejo de Gobierno da luz verde a la Ley Andaluza de Universidades

El proyecto de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta, que acordó iniciar los trámites para su aprobación. Esta nueva norma introduce como novedades la creación de una Agencia de Evaluación de la Calidad, la creación de una nueva figura de contratación de profesorado y la propuesta de que se mantenga una única prueba de acceso a la Universidad.

El proyecto de la Ley Andaluza de Universidades fue aprobado de forma unánime por el Consejo Andaluza de Universidades la pasada semana, recogiendo el apoyo incondicional de los rectores andaluces, que valoraron muy positivamente el texto al considerar que respeta el ámbito de la autonomía universitaria y se muestra coherente con los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Entre las principales aportaciones de la LAU se encuentra la recomendación de que se mantenga una sola prueba de acceso a la Universidad, fórmula que actualmente se emplea con la selectividad y el distrito único andaluz.

Otra de las novedades es la creación de una Agencia de Evaluación de la Calidad, órgano que recibirá tres millones de euros para su puesta en marcha el próximo ejercicio y que, entre otras funciones como contrrolar la gestión de las universidades, será el encargado de habilitar a los nuevos profesores universitarios. En este sentido, la LAU recoge la creación de dos nuevas figuras de profesorado, medida que contrarresta la 'incertidumbre' que creó la LOU en este aspecto, según apuntó la consejera de Educación, Cándida Martínez.

Por otra parte, el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró ayer que el decreto de apoyo a la familia ha beneficiado ya a cerca de 250.000 andaluces y ha creado 5.000 empleos durante su primer semestre de aplicación, en los que, apuntó Zarrías, 'se han invertido los 120 millones de presupuesto previstos para este ejercicio'.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la orden estatal de ayudas a investigación en parques nacionales al considerar que 'vulnera las competencias' de la comunidad y 'atenta' contra su autonomía financiera.