La Audiencia aplaza la vista oral contra Puigneró a petición de la defensa y el fiscal

El empresario Josep Puigneró, de 72 años, deberá volver otro día a la Audiencia de Barcelona para afrontar el último juicio que tiene pendiente. Ayer debía haberse celebrado la vista pero tanto su abogado, Pablo Molins, como el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio reclamaron la suspensión porque se dieron cuenta de que faltaba una prueba documental. La Sección Octava accedió a la petición y ahora deberá fijar una nueva fecha y resolver también las cuestiones previas que planteó la defensa.

Puigneró se sentaba ayer en el banquillo por los vertidos contaminantes realizados por su empresa Hilados y Tejidos Puigneró entre los años 1994 y 1995, por un lado, y entre los años 1997 y 1998, por otro. Su abogado cree que de los primeros vertidos no se le puede acusar porque ya son 'cosa juzgada', pues cuando se celebró el primer juicio contra él, el 6 de mayo de 1995, ya se conocían esos hechos y, por tanto, forman parte del 'continuo delictivo' recogido en la sentencia que le condenó a cuatro años y dos meses de prisión.

Pese a ello, un juzgado de lo penal de Manresa le impuso esa misma condena por los vertidos de 1994 y 1995, pero la Audiencia de Barcelona la anuló después al considerar que esa actuación debía haberse incluido en la querella que presentó la fiscalía contra él por los vertidos de 1997 y 1998 tras la denuncia de Iniciativa per Catalunya. Al margen de ese enredo jurídico, lo que está claro es que Puigneró deberá volver al banquillo y queda por concretar si es sólo por los últimos vertidos o también por los de 1994 y 1995.

Esa historia por fascículos de Puigneró y la contaminación medioambiental que origina su empresa de Sant Bartomeu de Grau (Osona) se ha traducido en los últimos años en cuatro querellas de la fiscalía. La primera acabó con la condena que comportó el ingreso de Puigneró en prisión, la segunda se archivó y las otras dos se unificaron en una sola y ahora está pendiente de lo que resuelva la Audiencia. Por ese motivo, el abogado Pablo Molins afirmó ayer que 'la fiscalía ha actuado con mala fe procesal' porque 'ha administrado sus querellas de forma artifical, tal y como le ha convenido'.

La fiscalía rechaza estos argumentos y considera que siempre actuó bajo el principio de legalidad que ha de regir sus actuaciones. En este sentido, insiste en que Puigneró no cejó en su actitud y que desobedeció durante 16 años los requerimientos de la Generalitat para que instalase una depuradora, tal como ocurrió en julio de 1996. Pese a ello, las muestras recogidas tras esa fechas demuestran que persistía la contaminación, aunque la defensa considera que se trata de un hecho concreto debido a un accidente en la industria.