Historia de un 'pelotazo' de un millón de euros en sólo tres meses

La olla a presión en que se han convertido los nuevos barrios de Madrid ha explotado con Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), una promotora que desde 1999 ha estado recibiendo al menos 18.000 euros de más de un millar de familias que aspiraban a tener una casa. CPV nunca tuvo suelo ni para 50 viviendas, pero siguió captando gente y cobrando letras a sus clientes, alguno de los cuales pagó al contado. No falta quien compró cuatro pisos ni quien se ha quedado en la calle.

El director y uno de los padres del invento, Francisco García Moreno, no fue el pasado miércoles a recoger la citación del juzgado de instrucción número 8 de Madrid para personarse en el juzgado, según los abogados de quienes los denunciaron. Los administradores -sus hijos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sanchez, y Miguel Ángel Morillo- están imputados en un presunto delito de estafa, están, según algunas fuentes, en busca y captura.

El caso CPV tiene antecedentes. La Comunidad de Madrid recibió quejas en el año 2000 por este asunto y la Junta de Compensación que gestiona el desarrollo del barrio de Sanchinarro denunció a la empresa por una turbia cuestión: los gestores de CPV declaraban haber perdido 1,8 millones de euros en la compra de un terreno a quienes eran conocidos en el sector por sus malas prácticas y no eran sus verdaderos propietarios.

'Pelotazos'

El problema con CPV ha abierto una brecha. Hay más promotoras y, sobre todo, gestoras, que están cobrando cantidades sin dar un aval a cambio. También las hay que venden y revenden suelo consiguiendo importantes plusvalías (pelotazos). El negocio de compraventa de suelo rinde más beneficio que hacer pisos.

CPV, en concreto, tuvo en el barrio de Las Tablas una parcela de 2.143 metros cuadrados donde podía haber construido 20 pisos. La vendió en febrero pasado a Jabbar Inversiones por 1,1 millones de euros. Ésta revendió el mismo suelo a su antiguo dueño (CPV) en mayo por menos dinero del que pagó: 1,03 millones de euros. En septiembre, la constructora La Fama Industrial compró este mismo suelo a CPV por 2,4 millones de euros. Así, esta promotora ganó 1,4 millones de euros en tres meses.

Algunos de los afectados, en un número indeterminado -ya que CPV se ocupa de sembrar confusión- logró, presionando, recuperar su dinero. Otros, sólo han recibido pagarés sin fondos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid no quiere intervenir en este escándalo urbanístico. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, cree que deben ser los afectados los que presenten sus denuncias ante los tribunales, ya que se trata de un litigio 'entre privados'. El regidor asegura que los afectados debían haberse preocupado de saber con quién firmaban.