Prisión provisional para los tres administradores de la promotora CPV
Los imputados están acusados de estafar a 1.200 familias que invirtieron su dinero en pisos que nunca se construyeron
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha dictado prisión sin fianza para tres directivos de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), contra los que ha sido presentada una querella por presunta estafa de viviendas a 1.200 familias.
Los tres directivos, que han prestado declaración a lo largo de toda la mañana de hoy son Miguel Angel Morillo del Pozo, Francisco Javier García Sánchez y su hermano Miguel Ángel, estos dos últimos hijos del director general de CPV, Francisco García Moreno.
García Moreno, director general del CPV, que no figuraba en la querella inicial, y que según el abogado defensor se encuentra en Benidorm (Alicante), ha sido citado a declarar mañana como imputado.
Los tres administradores han afirmado desconocer los hechos que se les imputa y han explicado que era el padre de los dos últimos quien tomaba las decisiones de la empresa, ya que ellos, según han declarado, "sólo estaban allí para formarse".
La juez ha decretado la prisión provisional y sin fianza de los tres tras haberlo solicitado así el fiscal y los abogados de los afectados, quienes también han reclamado una medida provisional "que deje sin efecto las letras que tienen que seguir pagando los perjudicados por la presunta estafa", ha indicado el letrado de la Defensa, que ha añadido que "no estará satisfecho hasta que nuestros clientes tengan el resarcimiento por los daños causados".
1.200 familias estafadas y sin vivienda
Como se sabe, el caso CPV salió a la luz después de que 1.200 familias entregaran hace ahora cuatro años diversas cantidades de dinero -entre 21.000 y 33.000 euros- a Comercializadora Peninsular de Viviendas para la construcción de pisos en el norte de Madrid (Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo), que no han llegado a materializarse. Además, los inversores no han recuperado su dinero.
Por otra parte, el pasado 27 de septiembre otras 30 familias a las que CPV supuestamente ha estafado presentaron una demanda que fue admitida por el juzgado de primera instancia número 18 de Madrid, que lleva el abogado Luis Botella, quien declaró que otro centenar de afectados está tramitando su adhesión a ésta.
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