El modelo de vivienda del PP desata el fraude

La recalificación masiva de suelo en la capital por un Gobierno del PP para construir hasta 73.000 viviendas dejó en manos de la gestión privada un negocio de casi 14.700 millones de euros (2,5 billones de pesetas). Seis años después de la puesta en marcha de aquel plan -el más ambicioso de España- para resolver los problemas de la carestía del precio del suelo y de la vivienda, la especulación y el fraude se han extendido por los nuevos barrios de Madrid.

Los altos precios de la vivienda libre y la escasez de pisos con protección oficial (los más baratos) proliferan gracias en parte a la falta de control y vigilancia de la Administración pública. Desde 1996 hasta ahora, el precio del suelo para levantar viviendas se ha multiplicado por seis, según acreditan los registros de la propiedad. Un segundo plan residencial, con más de 120.000 viviendas previstas, sigue el mismo camino.

La oferta de suelo para levantar 200.000 pisos se presentó como la solución mágica al problema. Todo el suelo rústico que no estuviera protegido, pasaba a ser urbanizable. Con esa receta, el PP anunció el fin de los problemas de vivienda en España. 'El objetivo de este sistema es contribuir al control de los precios de mercado por una sobreabundancia de suelo', decía la literatura oficial del momento.

El resultado ha sido más que un fiasco. En concreto, en Sanchinarro, el nuevo barrio del norte de Madrid cuyo desarrollo está más avanzado, se podía encontrar suelo a 48 euros por metro cuadrado (8.000 pesetas) en 1995. Ya listo para edificar, alcanza los 1.803 euros por metro cuadrado (300.000 pesetas) antes de poner un solo ladrillo. Y subiendo.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio del Río (PP), se enorgullece de haber puesto 80 millones de metros cuadrados en el mercado de la vivienda. Si es evidente que el objetivo de abaratar el suelo no se ha logrado, aún es más llamativo el resultado del sistema de gestión, privado por antonomasia, por el que se optó en 1996 para gestionar estos barrios y que ha sido cuestionado incluso por el consejero de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma, Luis Eduardo Cortés, también del PP.

El sistema deja en manos privadas el desarrollo de la ciudad. La especulación se ha desbordado. A diferencia de lo que sucede cuando se recurre a sistemas públicos como el de consorcio, el de compensación (los propietarios de suelo gestionan y promueven el nuevo barrio) permite la acumulación de terreno en pocas manos así como sucesivas reventas.

El resultado es que los grandes grupos promotores han acumulado hace tiempo una cantidad de terreno tal -especialmente en los barrios del norte-, que pueden llegar a regular la salida al mercado de las viviendas, el ritmo de desarrollo y precios en esos barrios, donde son juez y parte con todas las bendiciones administrativas. En algún caso, detentan el monopolio de toda la vivienda protegida.

El efecto positivo que podría tener la salida al mercado de 40.000 viviendas de protección pública -el 53% de las 73.000 previstas en un inicio- está neutralizado. El encarecimiento de la vivienda libre, la escasez de la protegida (sólo un 3,29% de la iniciada en Madrid el pasado año) y la lentitud en la gestión, más las expectativas que han despertado estos barrios por su concepción como zonas residenciales con baja densidad, han provocado que se condense una media de 30 personas por cada vivienda protegida que se ofrece.

Sin haber puesto apenas un ladrillo, ya están preadjudicadas y a los interesados que han llegado después no les queda más remedio que engrosar una lista de espera sin esperanza.

VPO, en extinción

La vivienda de protección oficial (120.000 euros, menos de 20 millones de pesetas) de precio medio no sólo es la alternativa a una demanda que no puede afrontar los 300.000 euros (50 millones de pesetas) que cuesta como media un piso de tres dormitorios a precio de mercado en la zona. No falta quien opta a estos pisos para sus hijos aún menores de edad o para especular, ya que pueden ser vendidos a precio libre 10 años después o, bajo cuerda en cualquier momento, obteniendo plusvalías millonarias. Por ejemplo, una casa protegida de 130 metros cuadrados construidos, con todos los gastos, garaje y trastero incluidos, cuesta 179.000 euros (29,8 millones de pesetas) y su equivalente en el mercado libre, 270.460 euros más (45 millones de pesetas), ya que alcanza fácilmente los 450.000 euros (75 millones de pesetas) en total.

La Comunidad de Madrid, competente en materia de vivienda protegida, se limitará, en su momento, a no permitir que conste en escritura un precio superior al oficial, por más que el coste que ha alcanzado el suelo, hace que esa cifra sea imposible. Apenas hay más labor de inspección, a la espera de que el particular denuncie lo que es un secreto a gritos: el sobreprecio que se pide en dinero negro.