Expertos y juristas recelan de la idea de crear un fiscal jefe autonómico

Las comunidades con competencias en Justicia se reunieron el 18 de octubre en Barcelona y acordaron impulsar la 'adaptación' del Poder Judicial al Estado de las autonomías. En lo que supone poco más que una declaración de intenciones, se sugirió crear el fiscal jefe autonómico y que los parlamentos regionales nombren a los presidentes de los Tribunales Superiores. Sin embargo, este embrión de iniciativa política tiene el rechazo de los profesionales y en especial del fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón.

García Calderón considera inaceptable que los parlamentos autonómicos tengan potestad para nombrar a sus fiscales jefes, tal como han reclamado al Gobierno seis comunidades, entre ellas la andaluza. A su juicio, la designación debe recaer sobre el fiscal general de Estado una vez oída la opinión del Consejo Fiscal. García Calderón opina que los fiscales jefes tienen ya suficientes competencias como para reformar su estatuto.

El fiscal jefe del TSJA cree que, salvo ciertas lagunas, los fiscales jefes tienen un campo competencial amplio y suficiente. No obstante, admite que algunas de estas capacidades del fiscal no se ejercen de ordinario. 'Habría quizá que profundizar en las competencias del fiscal, pero dentro del marco que ya existe, Nosotros, en Andalucía, tenemos un comité mixto con la Junta que, aunque tenga como función tratar asuntos relativos a los medios y materiales, aborda otros aspectos'. En dicho comité hay un representante de la Inspección Fiscal y, por tanto, del fiscal general del Estado.

Con todo, García Calderón detecta algunos vacíos. Por ejemplo, no existe una norma para controlar las causas penales ordinarias. 'Habría que crear una junta de fiscales a nivel autonómico que debería presidir el fiscal jefe. Para ello no hay una regulación concreta aunque, con carácter extraordinario, sí se podría hacer'.

Algunos juristas y académicos consultados muestran también su recelo hacia esta iniciativa, a pesar de que se trate de una simple declaración de intenciones e incluso 'de mínimos', tal y como asegura la propia consejera de Cultura, Carmen Hermosín. El principal argumento de estos expertos y profesionales es el riesgo de romper la unicidad de la administración de Justicia en el Estado. Sus argumentos se remiten al artículo 124 de la Constitución en el que se dice: 'El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica'.

Además, estos juristas sostienen que el Poder Judicial no puede someterse a un proceso de descentralización.

Hermosín le quita hierro al asunto e insiste en que no se trata más que de una iniciativa. La Comunidad de Madrid no suscribió este punto, aunque sí lo hicieron Andalucía, Cataluña, Canarias, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. 'Por supuesto que las aspiraciones de vascos y catalanes van mucho más allá de lo firmado, pero Andalucía decidió suscribir el texto porque supone una nueva línea de trabajo, aunque de ningún modo una prioridad'. La consejera insiste en que la principal reclamación en el marco del Pacto de Estado es la financiación.

Desde la Consejería se resalta la indefinición del papel del fiscal jefe del TSJA, que ejerce ese papel en Granada y en los autos del alto tribunal andaluz. Los fiscales jefes de las audiencias provinciales dependen orgánicamente del fiscal jefe del Estado y no del del TSJA. Con esta propuesta se intentaría encontrar una vía intermedia en la que los fiscales de las audiencias dependieran del autonómico y éste a su vez del estatal.

Por su parte, el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, se mostró partidario de que los parlamentos regionales fueran consultados en los nombramientos de los presidentes de los tribunales superiores, aunque no creyó conveniente darles potestad absoluta.

Otra cuestión planteada en Barcelona es la necesidad de redefinir estos tribunales, aunque sea a largo plazo. Se argumenta que deberían de absorber la doble instancia en materia Penal. El Tribunal de Estrasburgo ha denunciado deficiencias al respecto en España. En la actualidad, los recursos a la Audiencia van directos al Tribunal Supremo, históricamente atascado.