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OPINIÓN DEL LECTOR
Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Algo huele a podrido

En Andalucía se encuentra la bolsa de trabajo precario más grande de toda España, y sin temor a equivocarme de toda la Unión Europea (UE), en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Más de 20.000 interinos docentes malviven con la espada de Damocles de la incertidumbre laboral a la que están sometidos por una administración andaluza falta de voluntad para resolver el problema. Estos días se negocian, entre sindicatos y administración, las condiciones laborales de este colectivo. La Consejería de Educación, una vez más, haciendo alarde de su visión cicatera del problema, les ofrece la garantía de trabajar dos años más... Sencillamente vergonzoso. Sólo esto sonrojaría al más negrero de nuestros empresarios privados.

Estos profesionales docentes, que por su número y función forman parte estructural del sistema educativo andaluz y realizan el mismo trabajo y con la misma competencia profesional que sus compañeros de aula, reciben por parte de la administración andaluza un tratamiento desigual tanto en sus condiciones laborales (hacen el trabajo sucio de la enseñanza), como salariales (no cobran trienios ni sexenios).

Ante tal atropello a la lógica, la razón y el sentido común argumentan que no tienen dinero para pagar (en este sentido, la Consejería incumplió el compromiso hecho con los sindicatos, recogido en el pacto que ahora termina) ni intención de poner en práctica algo tan admitido por todos como que a igual trabajo, igual salario e idénticas condiciones laborales.

Eso sí, mantiene su voluntad inequívoca en defensa de la calidad educativa, y no tendrán ningún empacho en enarbolar la pancarta, en Madrid, para exigir una enseñanza mejor. Si gobernar es priorizar, está claro que la enseñanza andaluza no les quita el sueño a nuestros responsables políticos. La voluntad política no pasa por discursos, mejor o peor construidos, sino por los presupuestos de la comunidad. En una sociedad democrática y de derecho, como la nuestra, la evidencia debiera imponerse (sobre todo en el ámbito docente), jamás reivindicarse. Cuando esto último sucede, algo huele a podrido.

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