El fiscal defenderá a Gálvez si el TSJA abre juicio oral contra ella

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) asumirá la defensa de la diputada de Los Verdes Inmaculada Gálvez si la sala de lo Civil y Penal abre juicio oral contra ella. El fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, explicó ayer que el Ministerio Público tiene 'la obligación constitucional' de defender activamente su parecer en el procedimiento y que, si hay juicio, mantendrá que fue la Policía del Ayuntamiento de Marbella la que utilizó la fuerza 'de manera inadecuada y desproporcionada'.

En los recursos y autos cruzados hasta ahora entre la Fiscalía y el instructor de las diligencias previas, el magistrado de la sala de lo Civil y Penal Jerónimo Garvín, ha quedado de manifiesto los criterios contrapuestos que manejan ambas partes. Garvín, en todas decisiones que ha adoptado hasta ahora, ha tratado con una inhabitual minuciosidad de desmontar la tesis absolutoria del fiscal. Inmaculada Gálvez manifestó en su día que los autos del magistrado Garvín estaban contaminados por la 'animadversión' que siente contra ella después de las disputas verbales que mantuvieron durante la instrucción.

La Fiscalía, en caso que la sala desestime el recurso de queja que presentó el miércoles, ejercerá la defensa de Gálvez e incluso solicitará la práctica de una serie de pruebas aún sin concretar, pero que incluirían la proyección de los videos grabados durante los incidentes que han dado lugar a la denuncia. García Calderón admitió que no es normal que el fiscal tenga que defender al acusado en un juicio, sobre todo si por un delito de la naturaleza que el que se imputa a la parlamentaria. En el hipotético juicio, sólo los letrados del alcalde de Marbella, Jesús Gil, formalizarían la acusación contra Gálvez.

En el recurso de queja presentado ante la sala la Fiscalía agrega tres nuevas razones exculpatorias. Por un lado, muestra su extrañeza por el hecho de que en el acta de desahucio de la cafetería del hogar del pensionista de Marbella levantada por el funcionario, y cuyo desalojo dio lugar a los incidentes, no haya ninguna referencia a la supuesta resistencia ofrecida por Gálvez a la acción policial. '¿Por qué no se hace constar el comportamiento de la imputada y de los otros que se niegan a abandonar el local y su posible trascendencia delictiva?', se pregunta el fiscal en el recurso.

De otro lado, el fiscal recuerda que el Ayuntamiento no presentó de forma inmediata la denuncia contra Inmaculada Gálvez, sino varios días después, cuando tuvo constancia de que varios de los desalojados habían presentado las suyas por la actuación desmedida de los agentes.

En tercer lugar, el ministerio público sostiene que el 'número de agentes de policía intervenientes era más que suficiente para llevar a cabo una actuación adecuada sin necesidad de violencia ni de causar ningún daño'. El recurso de queja recoge la afirmación de un concejal de Marbella que dijo que los agentes no respetaron 'ni la edad ni la condición' de las personas.

'A lo largo de la causa aparecen indicios de que se utilizó la fuerza para el desalojo de manera inadecuada y desproporcionada a las circunstancias del caso', añade el escrito. El fiscal opina que lo ocurrido durante el desalojo es muy relevante dado que la resistencia tiene la consideración de 'delito circunstancial' y exige aclarar todos los detalles.